Profesor de Derecho Constitucional: "Es incuestionable que hay otras vías alternativas al estado de alarma"
Daniel Berzosa ha negado que la vigencia de los ERTE esté ligada a la duración del estado de alarma
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El profesor de Derecho Constitucional y abogado, Daniel Berzosa, ha analizado en 'El Cascabel' las alternativas que hay al estado de alarma decretado por el Gobierno después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, afirmase que "no aprobar un nuevo decreto de [estado de] alarma es tanto como condenarnos al caos".
"Incuestionablemente hay otras vías" que pueden tomarse, ha señalado Berzosa, que ha puesto gran énfasis en desmentir la idea de que por el hecho de que decaiga el estado de alarma decaigan automáticamente todas las medidas que se han aprobado al hilo del estado de alarma. Lo único que dejaría de estar vigente, ha explicado el experto en derecho, es "lo que está en el contenido estricto del real decreto".
Entre esos elementos cuya vigencia "no está anudada" al estado de alarma se incluyen, por ejemplo, las nuevas once subdirecciones generales que el Gobierno ha creado recientemente o la renovación de la comisión delegada de Asuntos del Gobierno para Inteligencia para que Pablo Iglesias pudiera formar parte de ella.
En más directa relación con la crisis, tampoco está ligada al real decreto del estado de alarma la duración de los ERTE, que se ha asociado "al tiempo que dure la situación de pandemia del COVID, que no es lo exactamente lo mismo que lo que dure el estado de alarma".
Además, el profesor Berzosa también ha señalado que, incluso en el caso de resoluciones que se hayan tomado vinculadas jurídicamente al estado de alarma, podrían seguir aplicándose simplemente volviendo a aprobar un decreto ley idéntico en el que solamente se suprimiese esa vinculación.
Por último, el experto en Derecho Constitucional ha recordado que "el hecho de que la vigencia del estado de alarma termine no inhabilita en modo alguno al Gobierno y al presidente a tomar decisiones, pero tampoco al resto de administraciones públicas, como los presidentes de las comunidades autónomas, los presidentes de diputaciones provinciales o los alcaldes".