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La Plataforma por la Libertad de Información rechaza el anteproyecto de ley de secretos oficiales porque cree que no respeta los límites que imponen los organismos internacionales para regular en este sentido, tanto en cuanto a plazos para desclasificar información, como a materias que no pueden declararse secretas.

Estas son algunas de las alegaciones que hace la plataforma PLI al anteproyecto y que presentó al Gobierno el pasado viernes, según explica en un comunicado, en el que recuerda que los secretos de Estado en una democracia "deben ser los mínimos" y que los estándares internacionales imponen que su regulación sea "la mínima necesaria para salvaguardar la seguridad nacional".

La plataforma PLI hace hincapié en la recomendación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), a la que pertenece España, en cuanto a los plazos para mantener la información secreta, 15 años, mientras que el anteproyecto fija un mínimo de 50 para guardar los secretos de Estado.

Para la secretaria general de la PLI, Yolanda Quintana, aunque la seguridad nacional es un límite legítimo de la libertad de expresión e información, el anteproyecto incluye "límites desproporcionados e innecesarios para salvaguardar la seguridad nacional".

Pero además, según Quintana, contiene "multitud de generalidades, como que podrá clasificarse ‘cualquier otro ámbito cuya salvaguarda requiera de la más alta protección’". Eso, a su juicio, "no es otra cosa que una ‘barra libre’".

Por ello, reclama la eliminación de este tipo de "declaraciones imprecisas" del anteproyecto y que la futura norma recoja expresamente la prohibición de clasificar como secreto oficial o de Estado cualquier información relativa a violaciones de la ley o de los derechos humanos, la mala administración y los errores administrativos.

Además, la vinculada a amenazas a la salud pública o al medioambiente, la salud de funcionarios electos, información estadística, socioeconómica o cultural, información científica básica o la que sea meramente embarazosa para individuos u organizaciones, como lo recomienda la OSCE.

La plataforma quiere que se restrinjan las categorías de información clasificada a secreto y alto secreto (el Gobierno plantea dos más: confidencial y restringido) para que la ley se limite a "las que estrictamente representan un riesgo para la seguridad nacional" y que sea obligatorio acreditar el daño que podría causarse si la información fuese desvelada.

Otra petición es que exista un organismo independiente de control y supervisión, en lugar de dejar las capacidades en materia de clasificación en manos de diversos departamentos.