Vota | ¿Cree que el Gobierno trata de imponer su modelo ideológico con leyes como aborto, trans o familias?

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde de forma definitiva a la reforma de la ley del aborto, que acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y consagra la red pública como referente a la hora de practicar la interrupción voluntaria del embarazo.

Con 185 votos a favor, 154 votos en contra y tres abstenciones de diputados de PdeCat, la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo sale adelante con la oposición de PP y Vox y en medio de la polémica por la resolución del Tribunal Constitucional, que ha avalado la ley de plazos de 2010 recurrida por el PP.

La reforma del aborto ha unido en esta ocasión a los socios de gobierno en una semana en la que los roces han sido constantes a causa de la reforma de la ley del solo sí es sí.

La ley, que permite abortar libremente a las mujeres mayores de 16 años durante las primeras 14 semanas de gestación, elimina el requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP que obligaba a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus representantes legales y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha celebrado el apoyo de la mayoría feminista del Congreso a esta reforma, ha alertado de que habrá resistencias a la hora de aplicar la ley, tal y como ha ocurrido en todas las normas feministas.

Por eso, ha señalado que ahora toca trabajar con las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las administraciones competentes para garantizar que en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para realizar abortos, respetando el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios.

El texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.

Este punto ha sido uno de los más cuestionados por los partidos de la derecha.

La diputada del PP Marta González ha criticado que se prohíba informar a las embarazadas que van a abortar de las alternativas y ayudas a las que pueden acogerse, y ha denunciado que, con esta medida, el Gobierno trata de manera infantil a las mujeres impidiendo que puedan tomar una decisión de manera consciente.

"El Gobierno lleva su sectarismo hasta el punto de hurtar esa información a las mujeres", ha dicho la diputada del PP, que ha afeado que la ley se haya tramitado por la vía de urgencia y sin tener en cuenta los informes de los órganos consultivos, críticos con el texto.

Desde el PSOE, Laura Berja ha afeado al PP el "espectáculo" de esta semana con las afirmaciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el aborto y la decisión del Constitucional, y ha celebrado que "lo bueno de que el aborto sea un derecho" es que no depende del PP sino de la mayoría social y política que lo hizo ley.

"Teníamos una deuda con las mujeres jóvenes de este país", ha dicho Berja, que ha añadido que hoy el Congreso hace justicia a las mujeres a las que el PP quitó su derecho al aborto libre. "Ustedes han tenido recurridos 13 años los derechos de las mujeres", ha dicho.

Desde Vox, Lourdes Méndez ha afeado al PP que no derogara la ley de 2010 durante el Gobierno de Mariano Rajoy y ha defendido que el aborto "no es un avance ni un progreso" sino que, a su parecer, "es la mayor expresión de la barbarie".

El diputado del PNV Joseba Antoni Agirretxea ha recordado a los grupos políticos que se han mostrado en contra de la ley que la obligación de los poderes públicos es "legislar para todos y no solo para los que piensan como uno mismo", así como "dar soluciones independientemente de los códigos morales y éticos de quienes estén legislando".

Desde Ciudadanos, Sara Giménez ha criticado que la reforma de la ley del aborto "meta por la puerta de atrás" la "criminalización" de la gestación subrogada, algo que, a su parecer, coarta la libertad de las mujeres de decidir "cuándo y cómo" ser madres y "ahonda la inseguridad jurídica" de aquellos que recurren a los vientres de alquiler.

Sin embargo, los naranjas han votado a favor de la reforma porque, en palabras de Giménez, abogan por un "marco normativo valiente y garantista", que permita a las mujeres españolas "disfrutar de su sexualidad y si así lo desean de su maternidad".

El diputado de Más Madrid Íñigo Errejón se ha mostrado convencido de que "entre las filas de los que van a votar en contra del aborto" hay quien ha ejercido este derecho y ha apuntado que el Congreso no va a legislar si la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho o no porque "ese es un debate de otro siglo", sino que va a garantizar que se haga con "tranquilidad, seguridad, en la pública y con respeto".

"No hablamos del aborto en sí, hablamos de si garantizamos el derecho a hacerlo con seguridad para la salud física y mental de las mujeres", ha coincidido la diputada de ERC Pilar Valluguera, quien ha subrayado que "los derechos no están nunca suficientemente garantizados". "Como ganen Vox y el PP me veo otra vez en Londres abortando", ha avisado.

Durante el pleno, antes de la votación, ha habido un acto de protesta organizado por la Fundación Más Vida frente a las puertas del Congreso en el que se han escuchado los latidos del corazón de los bebés de dos mujeres embarazadas a través de unos megáfonos.