Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Se cree las promesas electorales de Pedro Sánchez?

Con el horizonte de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo la vivienda se ha convertido en un asunto estrella de la precampaña, con un goteo de anuncios y promesas para intentar atraer a los jóvenes y acusaciones mutuas entre Gobierno y PP.

Se trata de una cuestión que ha estado planeando durante toda la legislatura por la intención del Ejecutivo de aprobar la primera ley de vivienda de la democracia y que sólo ha sido posible en la recta final después de que los socios superaran sus diferencias y consiguieran a mediados de abril el apoyo de otros grupos.

El proyecto de ley aprobado por el Congreso recoge, entre otras medidas, topar los precios del alquiler en zonas tensionadas y obliga a reservar un 40% del suelo urbanizable y un 20 % del suelo urbano no consolidado para impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sacado pecho ante esa ley pero asumiendo que la vivienda sigue siendo la asignatura pendiente ante los jóvenes.

Por ello ha ido anunciando, bien en comparecencias parlamentarias o en actos del PSOE ante los comicios del 28M, una sucesión de medidas que afirma que pretenden dar respuesta al problema.

VIVIENDAS DE LA SAREB

Así, en la clausura de la Conferencia Municipal socialista de Valencia avanzó el 16 de abril que el siguiente Consejo de Ministros aprobaría movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para alquiler asequible.

Y detalló las cantidades: 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades; se impulsará el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque; y promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb.

Sólo tres días después, el 19 de abril, en una comparecencia ante el pleno del Congreso hizo otro anuncio: el Gobierno financiará la promoción de 43.000 nuevas viviendas dedicadas al alquiler a precios asequibles, ya sean de nueva construcción o de rehabilitación.

Unas viviendas que se financiarán mediante una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 4.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos.

TERRENOS DE DEFENSA

A la semana, en otra comparecencia, en este caso en el Senado y en un cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desgranó otra medida, consistente en la construcción de 20.000 viviendas más para alquiler asequible en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa mediante la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).

De esa forma, el total de viviendas públicas para alquiler prometidas por Sánchez en el último mes ascienden a 113.000.

Pero en los últimos compases de la precampaña del 28M, además de reivindicar la defensa de los colectivos que más lo necesitan con todos esos anuncios, el presidente del Gobierno aprovechó este fin de semana otro mitin del PSOE en Santa Cruz de Tenerife para avanzar que este lunes se reuniría con constructores en Moncloa y que el Consejo de Ministros aprobará el martes una línea de avales de hasta el 20% de las hipotecas para facilitar el acceso a una vivienda.

Esos avales se gestionarán a través del ICO y se destinarán a la compra de la primera vivienda para jóvenes de menos de 35 años y familias con menores a su cargo.

Feijóo y otros dirigentes del PP, especialmente sus presidentes autonómicos, han ido contestando a cada uno de los anuncios descalificándolos, ironizando al compararlos con "el milagro de los panes y los pisos", ubicándolos en un argumentario populista tras asegurar que el Gobierno no ha hecho nada por la vivienda en toda la legislatura o acusando a Sánchez de copiar sus medidas.

PROMESAS DEL PP

Es lo ocurrido, por ejemplo, con el último anuncio, ya que el Partido Popular recuerda que Feijóo presentó en abril una propuesta en la que prometía avalar el 15% total de la compra para que, junto con la hipoteca, los jóvenes consigan el 100% del dinero que necesitan para la adquisición.

Un plan que incluye asimismo una ayuda a la emancipación de los jóvenes de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar, la ampliación del bono de alquiler joven y el incremento de la cesión de suelos de ayuntamientos y comunidades autónomas que tenían otros usos para destinarlos a construir viviendas y cederlas a un alquiler tasado que esté un 40% por debajo del precio de mercado.

Junto a ello, el PP está reprochando al Gobierno que en su ley de vivienda no haya ninguna referencia al problema de la okupación, ante el que Feijóo se ha comprometido a garantizar el desalojo de las ocupaciones ilegales en 24 horas aumentando los delitos, endureciendo las penas y destinando más recursos a los tribunales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, barones del PP como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya han anunciado que no aplicarán la nueva ley de vivienda donde no sea obligatorio y que prevén presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.