"No parece razonable que se exculpe, de forma determinante, a un organismo público dependiente del Gobierno de Sánchez"

La cosa va de citaciones, por un lado, tenemos al juez Peinado, al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, que cita a declarar al ministro de Justicia y presidencia, Félix Bolaños, porque quiere pedirle que declare en relación con la persona contratada en Moncloa, él era secretario general de Presidencia del Gobierno desde 2018, la persona contratada que trabaja en Moncloa se llama Cristina Álvarez, pero que ha trabajado al servicio de la señora Gómez, y no tanto como mujer del presidente del Gobierno, sino los negocios privados de la señora Gómez, que de eso va la investigación abierta contra la mujer de Sánchez. Así que tendrá que declarar en relación con esa contratación y qué trabajo hacía esta mujer, si estaba al servicio de la mujer del presidente del Gobierno para asuntos institucionales o estaba al servicio de la señora Gómez al servicio de sus negocios privados, en relación por ejemplo con la Universidad Complutense, que es lo que el juez quiere que Bolaños le aclare, y así será.

Y también digo que va de citaciones porque hoy hemos sabido que la juez de la DANA ya ha imputado, además de declarar, a la exconsejera de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, y también le ofrece declarar, por ejemplo, a Mazón. No le imputa porque dice que es una persona aforada y que, como tal, si él quiere declarar voluntariamente estará encantada de escucharlo, pero no le cita a declarar en ese sentido. Tanto Pradas como Argüeso están citados como imputados, en relación con los desastres de la DANA y las muertes producidas por esa situación de emergencia que se vivió en Valencia el 29 de octubre.

Sorprende el auto de la juez que, sin embargo, exculpa de toda responsabilidad, tanto a la delegada del Gobierno, que también participó, lógicamente, de las reuniones del CECOPI. Por supuesto, dice que hubo información sobrada para que la Generalitat actuara en consecuencia mucho antes y que tenía que haberse reunido ese CECOPI, ese centro de emergencias, por la mañana y no solamente por la tarde. Dice que había información suficiente de la AEMET, del Servicio Meteorológico, y también, por ejemplo, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, señalados ambos, como saben, por la Generalitat valenciana. El apagón informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar no lo tiene en cuenta la juez de Catarroja que está instruyendo esta causa. Dice que había información suficiente y, por tanto, que la Generalitat tenía que haber actuado con información o sin información de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Esto, sin duda, traerá cola también y generará cierta polémica, porque es bueno que la Justicia investigue y que llegue hasta las últimas consecuencias, pero no parece razonable que se exculpe de una forma tan determinante, como el auto señala, el papel de un organismo público dependiente del Gobierno de Sánchez, que en esos momentos jugó un papel fundamental, en la medida en que el barranco del Poyo fue el que ocasionó el desastre y las muertes que lamentamos desde el pasado mes de octubre. Y de ese barranco, durante una hora no se supo absolutamente nada de la crecida, porque la Confederación estaba probablemente a por uvas, o porque estaba más pendiente de la presa de Forata.