¿Cree que Aldama dice la verdad sobre la presunta corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez?

El empresario Víctor De Aldama ha tratado de desmontar en el Supremo la versión del exministro José Luis Ábalos mediante pantallazos de WhatsApp sobre contratos de obra pública, y ha cifrado entre 3,5 y 4 millones de euros las comisiones que dice haber cobrado, de las que una parte fue destinada, sin precisar, al PSOE.

Días después de que Ábalos negase haber recibido una sola comisión, el presunto conseguidor del caso Koldo se ha ratificado ante el alto tribunal de todas las acusaciones que vertió en su declaración en la Audiencia Nacional el pasado 21 de noviembre y que le sirvieron su salida de prisión.

Según informan a EFE fuentes jurídicas, ha ido más allá al cuantificar las presuntas comisiones que afirma haber cobrado y después repartido -entre 1 y 1,5 % por obra pública, según ha dicho,-, y ha mencionado que una vez llegó a acudir tres días diferentes a la casa que el Ministerio proporcionaba a Ábalos y también a su departamento para entregarle 175.000 euros.

El empresario ha relatado que recaudaba mordidas de empresas y que de esas comisiones, él se quedaba una parte y otra iba a destinada a Koldo García, exasesor del exministro, al propio Ábalos y, según le dijeron, también al PSOE, aunque no ha precisado qué cantidad habría sido derivada al partido.

Unas acusaciones ante las que el magistrado, que ha acordado mantener contra él medidas cautelares como la prohibición de salida del país, le ha preguntado si tenía pruebas concretas, según las fuentes.

Por el momento, lo que ha aportado este lunes el empresario -investigado también en la Audiencia Nacional por un presunto fraude millonario en IVA de hidrocarburos- son pantallazos de su móvil, uno de ellos con una hoja con supuestas anotaciones que, según el empresario, harían referencia a adjudicaciones a empresas.

Aldama ya aportó los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para intentar apoyar su versión de que había contratos preajudicados a empresas, algo que han negado tajantemente desde el actual Ministerio de Transportes, que este mismo lunes han aportado informes al respecto.

El empresario no ha revelado nombres nuevos de cargos del PSOE pero, como dijo en la Audiencia Nacional, ha mantenido que abonó comisiones a algunos dirigentes, como el secretario de Organización, Santos Cerdán, a quien afirma haber pagado 15.000 euros que éste niega.

En sus tres horas de declaración ante el magistrado Leopoldo Puente, ha vuelto a cargar contra el exministro pero también ha hecho especial hincapié en el rol de Koldo en la trama, con quien el empresario ha dicho que tenía trato antes de los contratos de mascarillas que se investigan, añaden las fuentes.

También se ha referido a la presunta existencia de un cupo de empresas para la adjudicación de obras públicas en el Ministerio y el supuesto cobro de comisiones, algo que mencionó en la Audiencia Nacional y no quiso desarrollar.

De Aldama ha relatado asimismo que pagó el alquiler de tres apartamentos turísticos por el barrio de Atocha en Madrid en los que estuvo Ábalos y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en compañía de mujeres, añaden las fuentes.

El empresario ha comparecido este lunes ante el magistrado Leopoldo Puente, la víspera de la declaración del ex asesor Koldo García y apenas unos días después de que el exministro de Transportes Jose Luis Ábalos negara todas las acusaciones vertidas contra él.

Ha llegado al tribunal a las 09.44 horas en un coche conducido por Daniel Esteve, líder de la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa, que le ha dado la mano tras abrirle la puerta. Ha abandonado el Supremo a las 13.23 en el mismo coche sin hacer declaraciones.

Al margen de su prometida colaboración con la Justicia, la Fiscalía Anticorrupción le sitúa como uno de los eslabones principales de la trama de presunta corrupción en contratos públicos de mascarillas, por los que se embolsó comisiones millonarias.

Para tratar de probar sus acusaciones, Víctor de Aldama adujo hace semanas que guarda conversaciones con altos cargos en un móvil que le fue incautado el pasado mes de octubre en la Audiencia Nacional y que ahora ha solicitado desencriptar al juez que le investiga por un presunto fraude de hidrocarburos.