¿Cree que Pedro Sánchez dará a Bildu todo lo que le pida, con tal de mantenerse en el Gobierno?

El PSOE y Sumar han celebrado el acuerdo alcanzado con EH Bildu para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, un texto que Junts negociará, el PNV apoyará y que para Podemos es "un retoque estético".

Con este acuerdo se desbloquea la reforma de la ley mordaza, al presentar un nuevo texto que incluirá los cuatro aspectos que Bildu y ERC no lograron introducir en la anterior tramitación relacionados con las faltas de respeto a la autoridad; desobediencia y resistencia; devoluciones en caliente y, especialmente, el uso del material antidisturbios.

En contra de la iniciativa se ha mostrado el PP, que ha prometido revertir la normativa anunciada porque, según ha denunciado el portavoz popular Borja Sémper, "protege a los violentos, legitima a Bildu y deja indefensas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en nuestras calles y en nuestras fronteras".

Por su parte, fuentes del PSOE han recordado que su voluntad "ha sido y es derogar los aspectos más lesivos" de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, al ser medidas que "vulneran y recortan derechos y libertades democráticas de la ciudadanía", al tiempo que insisten en su disposición para seguir negociando con todos los grupos.

El diputado de Sumar Enrique Santiago ha celebrado también el acuerdo, que va en el camino de "recuperar las libertades públicas" y los derechos que fueron "limitados por el PP".

"La ley iba a cumplir 10 años, era urgente desbloquear esta situación encallada desde la legislatura pasada", ha manifestado el diputado, quien ha llamado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para votar a favor de la reforma que Sumar quiere tramitar de forma exprés.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha subrayado que su formación "siempre" ha defendido la derogación de esta norma así como una "ley democrática de seguridad ciudadana para Cataluña" y ha avanzado que presentarán enmiendas al texto acordado, porque su partido "negocia, no hacen adhesiones".

Desde el Gobierno, el ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun, ha incidido en que el acuerdo era una "prioridad absoluta" para su formación y ha advertido de que lo que queda ahora es "no olvidarse" de otras medidas dentro del plan de regeneración del Ejecutivo entre las que está la modificación del Código Penal para los delitos de libertad de expresión.

También la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado en que los grupos que participaron en la negociación en la anterior legislatura "coincidan en que los planteamientos de entonces siguen estando vigentes".

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado en una rueda de prensa su malestar por no haber formado parte de las negociaciones, pero ha subrayado que "lo importante es que salga adelante la reforma", por lo que firmarán la iniciativa.

No obstante, ha avisado de que presentarán enmiendas ya que hay dos asuntos que, a su juicio, necesitan una mayor reflexión: el principio de autoridad, que cree que "debe mantenerse porque es fundamental para el orden público y el respeto a las policías"; y el concepto de injurias y calumnias, que debe "acotarse".

Más crítico se ha mostrado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, quien ha calificado el acuerdo de “retoque estético” porque no deroga la ley mordaza, al tiempo que ha anunciado que votarán en contra si no se incluye la prohibición "expresa" del uso de balas de goma y las devoluciones en caliente. Critica además que quede fuera la derogación de las devoluciones ilegales de personas migrantes.