Vota | ¿Debe el Gobierno garantizar la enseñanza del castellano en Cataluña?

La sentencia que impone un 25 % de clases en castellano en una escuela de Cataluña ha derivado en denuncias por hostigamiento hacia la familia que logró este fallo, unas acciones que el Gobierno investigará tal y como ha reclamado este jueves la oposición.

La cuota de clases en castellano fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debe aplicarse desde este jueves en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) a la que asiste el hijo de los denunciantes y donde otras familias son contrarias a la sentencia, hasta el punto de que se habrían producido amenazas que han motivado ya dos denuncias ante la Fiscalía.

La asociación Hablamos Español presentó una denuncia contra los autores de diversos mensajes de Twitter y este jueves se ha unido la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ve delito de odio en acciones como las recogidas de firmas a las puertas de colegios, cartelería o en insultos de "colonos" o amenazas de apedrear a la familia o aislar a su hijo, como ha denunciado la presidenta de esta Asociación, Ana Losada.

En este contexto, el conseller catalán de Educación, Josep González Cambray, ha acudido este jueves a la escuela de Canet, donde se ha reunido con la dirección, sobre la que recae el cumplimiento de la sentencia, y ha respaldado a las familias que defienden el actual modelo educativo catalán.

González Cambray, que se ha negado a hacer declaraciones en castellano, ha expresado su condena a "cualquier tipo de violencia y de amenaza a la convivencia" y ha denunciado el "intolerable" ataque que a su juicio supone la sentencia para la escuela catalana.

Además, el actual conseller y ocho de sus predecesores han difundido un manifiesto donde defienden el actual sistema lingüístico de la escuela catalana, nacido de "un amplio consenso" con "un marco jurídico plenamente vigente" y del que destacan que permite conseguir "las competencias escritas y orales de las lenguas oficiales del país al finalizar la etapa obligatoria".

El rechazo de la Generalitat a una sentencia que impone un porcentaje en castellano en las aulas y las denuncias de acoso han llevado a PP, Vox y Ciudadanos a cargar contra el Gobierno de España, al que culpan de inacción.

Ciudadanos ha acudido al Defensor del Pueblo, como después ha hecho también el Partido Popular. Ambas formaciones han acusado además a la Generalitat de alinearse con los acosadores. El PP llevará su queja al próximo pleno del Congreso mientras que los naranjas han reclamado una normativa para garantizar a los padres la libre elección de la lengua vehicular de sus hijos en la educación.

Para Vox, este caso es "síntoma de lo enfermo que está este Gobierno que no es capaz de defender a un niño" y de "lo mal que está España" cuando en una parte del país "no se puede enseñar a los niños en español ni siquiera el 25 % del horario lectivo", según ha señalado su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

El Gobierno, en boca de su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha condenado el hostigamiento y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado desde Bruselas que "toda posible amenaza" será investigada.

"El Gobierno de España va a estar al lado de la gente en defensa de la libertad, de la libre opinión y de la libre expresión y también, como un recordatorio, que las sentencias judiciales deben ser cumplidas", ha dicho además el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, quien cree que por parte del Ejecutivo debe haber una protección "a la familia, a ese niño, a esa escuela".

Además, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha pedido dejar de "politizar" la lengua y "serenar los ánimos". Y pese a defender el cumplimiento de la sentencia del TSJC, que a su juicio no constituye un "ataque" al catalán, ha admitido que no le convence el uso de porcentajes porque ve preferible que sean los centros quienes adapten el número de horas en cada lengua