El inspector José María Benito explica las claves del duro revés que ha sufrido la okupación ilegal

La Fiscalía General ha dictado una instrucción para agilizar los desalojos de los okupas en los casos de allanamiento y usurpación teniendo en cuenta no solo los perjuicios a los propietarios sino también a los vecinos y tratando de esquivar los trucos para alargar los procedimientos

El documento, anunciado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en su discurso de apertura de año judicial, establece criterios de actuación para la solicitud de la medida cautelar del desalojo "en las modalidades violentas" de los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

Para ello, deja claro que el allanamiento se produce respecto a la casa y la segunda residencia por ser lugares donde el dueño desarrolla su vida privada e intimidad, mientras que la usurpación se refiere a inmuebles y viviendas que no constituyen la morada de nadie, es decir, que están deshabitadas y vacías.

José María Benito, Inspector de Policía, analiza la nueva instrucción de la Fiscalía con respecto a las okupaciones, señalando que es un gran paso para tratar este tipo de delitos: "Estamos en presencia de un delito, pero en el momento que se judicializa es una denuncia más y se resuelve cuando toca. La medida de la Fiscalía es la más sensata y se trata de que cuando entre una denuncia por Okupación se pida directamente el desalojo. Así el proceso se resolverá cuando toque pero permite que los okupas se vayan de esa casa para que su legítimo propietario pueda entrar a vivir en ella".

El inspector ha explicado cuáles son las claves que diferencian cada tipo de okupación: "En el tema de la Okupación se producen dos delitos muy diferentes. Por un lado el de allanamiento de morada, que es cuando la vivienda tiene propietarios que viven allí y luego estamos ante los delitos de usurpación que se producen en pisos vacíos, locales comerciales y viviendas abandonadas. En este sentido esta medida de la Fiscalía afecta solo a las viviendas que se consideran morada, con propietario conocido y que viven allí".

Por último, ha señalado que aunque sea un gran avance no es la solución definitiva, ya que esta medida de la Fiscalía deja fuera las viviendas que no son consideradas moradas de primera necesidad: "Lo que estamos hablando de gente que están okupando viviendas porque son auténticas mafias. Lo que está sucediendo con las personas que están vendiendo estas viviendas es que trasladan a estas zonas focos de delincuencia".