José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, sobre la nueva Ley de Educación

El Gobierno ha aprobado este martes para enviarlo al Congreso el proyecto de ley educativa que lidera la ministra de Educación, Isabel Celaá, con el que se derogará la Lomce y se quitará peso a la Religión a la vez que se eliminará la "demanda social" para poder abrir plazas en los centros concertados. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han acompañado a Celaá en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para respaldar una norma con la que, han subrayado, no habrá "segregación" del alumno ni en el acceso ni a la salida del sistema educativo.

En este contexto, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha pasado por 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez. "Lo dicen ustedes en la nota que han publicado a este respecto, estamos viendo una ley que choca con la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos. Es un tema de libertad sobre cualquier consideración", esbozaba el comunicador. A lo que Alvira respondía: "Efectivamente, al suprimir la demanda social, nos dicen que contará más la planificación de las comunidades educativas, que puede distribuir a los alumnos sin contar con la opinión de los padres. Esto nos preocupa mucho". 

"La demanda social consiste en que, hasta ahora, si había demanda en la escuela concertada, había posibilidad de ampliarla o crear nuevos colegios concertados, de titularidad pública y privada. A partir de ahora, eso desaparece. Laica o católica, pero no van a poder porque no van a tener plaza. Ahora a la fuerza deberán escolarizarlos en uno público", proseguía Antonio Jiménez.

"Nos contentaríamos con que esta demanda social se cumpliera y se evitara el cierre de centros concertados con demanda. De manera que esta demanda, podría permitir el aumento o construcción de nuevos colegios, pero sobre todo, aseguraría que los que ya funcionan y tienen demanda, no desaparezcan. Esto puesto en manos de muchos Gobiernos autonómicos puede dar lugar al ejemplo de Cataluña, Valencia o Aragón... ahora pueden distribuir los alumnos con sus propios criterios sin contar con los padres", explicaba José María Alvira.

Y añadía: "El artículo 27 de la Constitución prevé la ayuda económica a los centros para que sean accesibles para cualquier condición social y que los padres puedan elegir sin que esto sea una traba. En su primer apartado se dice que todos tienen derecho a la Educación y que todos tienen libertad de enseñanza. El Gobierno está ocupado de cumplir la primera parte, pero no con la segunda".