¿Le parece insostenible la situación política de Pedro Sánchez, rehén de sus antiguos socios en el Congreso?

El Gobierno sigue negociando con los grupos parlamentarios su apoyo al paquete fiscal que incluye los impuestos extraordinarios a las energéticas y la banca, un respaldo que aún no tiene garantizado a menos de 48 horas de la votación definitiva en el pleno del Congreso.

"Hasta el jueves no se hace la votación final y, por tanto, hasta ese momento estamos trabajando", ha dicho la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Senado, después de que la pasada madrugada solo se lograra salvar una parte del paquete en una caótica sesión en la Comisión de Hacienda del Congreso.

Las posiciones distantes de Podemos y Junts sobre el impuesto energético hacen dudar que la ley pueda salir adelante, a pesar del acuerdo de última hora cerrado con ERC, Bildu y BNG para prorrogar el gravamen energético por decreto ley.

Podemos no se fía y pide una garantía inequívoca de que Junts permitirá esa prórroga, dado que los independentistas catalanes pactaron con el Gobierno dejar caer el impuesto energético.

Hacienda aclara que lo comprometido con Junts pasa por "no gravar a las empresas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización", pero está por ver cómo quedan en el decreto ley estas dos posturas en principio contradictorias.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no ha dudado en que es posible diseñar un impuesto que puedan apoyar a la vez Junts y Podemos, o que al menos permita la abstención de Podemos.

En este contexto podrían ser determinantes los votos a favor de Coalición Canaria y del exdiputado socialista José Luis Ábalos. Fuentes del grupo socialista dan por sentado el primero, pero no ponen la mano en el fuego por el segundo.

Malestar en el seno del Gobierno de coalición

La negociación de las medidas fiscales ha generado tensión no solo con algunos de los socios parlamentarios habituales, sino también en el seno del Gobierno de coalición, dado que Sumar ha mostrado su malestar por la manera en la que se ha llevado la negociación.

La portavoz adjunta parlamentaria de Sumar, Aína Vidal, ha dicho que al PSOE "a veces se le olvida que no tiene la mayoría absoluta" y cuáles son las prioridades al negociar, después de que no salieran adelante en comisión medidas pactadas con los socialistas como la eliminación del régimen fiscal de las socimis.

"Es bastante obvio que esta negociación tendría que haber empezado por los socios habituales entre ellos el de Gobierno", ha insistido Vidal, en referencia a que los primeros pactos que buscó el PSOE fueron con Junts y el PNV.

Oposición de las patronales

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la incertidumbre y la inseguridad que genera no saber qué puede pasar el jueves en la votación en el Congreso respecto a los "impuestos a la carta" a la banca y a las energéticas.

En el mismo sentido, la presidenta de la patronal de la banca española (AEB), Alejandra Kindelán, ha reclamado procesos normativos "ordenados y transparentes que den confianza a los ciudadanos, a los inversores y al mercado".

A su juicio, el impuesto al sector bancario es "un ataque al crecimiento económico y por tanto al progreso social" y ha insistido en que resta 50.000 millones de financiación a familias y empresas.

En una entrevista con EFE, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha considerado que no tiene "mucho sentido" prorrogar el gravamen a las grandes energéticas, y ha vaticinado que terminará afectando a las inversiones que estas compañías tienen previsto llevar a cabo.

Para el vicepresidente del Santander España, Juan Manuel Cendoya, estos gravámenes no son el mejor ejemplo para atraer inversión extranjera porque "quiebran la seguridad jurídica".