¿Es la ley de vivienda un chollo para los okupas y un ataque a la propiedad privada, como afirma la oposición?

El pleno del Congreso aprobará este jueves el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda pactado por el Gobierno con ERC y EH Bildu, que limita los precios del alquiler en zonas tensionadas y que se ha convertido en uno de los ejes de precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

El Ejecutivo defiende que esta ley servirá para contener las rentas, incrementar la oferta en los municipios con más demanda y proteger a inquilinos y pequeños propietarios frente a los "abusos de los grandes tenedores y fondos de inversión".

Previsiblemente el pleno la avalará con el apoyo del PSOE, UP, ERC, Bildu, Más País y Compromís, la abstención del PNV y BNG y el voto en contra del PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT y Coalición Canaria.

La Ley de Vivienda pasará entonces al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva el próximo mes de mayo.

El PP, Cs y Vox consideran que la norma es parcialmente inconstitucional porque, a su juicio, vulnera el derecho a la propiedad privada y ampara la ocupación ilegal de pisos.

También sostienen, al igual que la práctica totalidad del sector inmobiliario español, que limitar las rentas tendrá el efecto contrario al deseado porque detraerá la oferta.

Por su parte, los partidos independentistas y soberanistas que rechazan la norma creen que supone una invasión de las competencias de vivienda que tienen en exclusiva las comunidades autónomas.

La ley faculta a las comunidades autónomas a declarar un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado, si el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos supera el 30 % de la renta media de los hogares o el precio de compra o alquiler ha aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.

En esas zonas tensionadas, las rentas se toparán dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

Las comunidades gobernadas por el PP, con Madrid a la cabeza, ya han asegurado que no van a hacer uso de esa facultad.