¿Podría estar usando el Gobierno la denuncia de espionaje para desviar la atención de los problemas del país?

El independentismo cree que la denuncia de espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, podría ser una "cortina de humo" para tapar el espionaje a más de 60 independentistas.

Dirigentes de ERC, JxCat y la CUP han coincidido en poner en duda la versión de la Moncloa, que ha denunciado que los teléfonos de Sánchez y Robles fueron sometidos a escuchas "ilícitas y externas" a través del programa de ciberespionaje Pegasus, según dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional.

Uno de los más explícitos al cuestionar este anuncio ha sido el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha puesto en duda la "credibilidad" y "verosimilitud" de la denuncia de la Moncloa y ha sugerido que "puede ser una cortina de humo para intentar diluir sus responsabilidades" en el ciberespionaje al independentismo.

Similares temores ha expresado la presidenta del Parlament, Laura Borràs: "Sánchez y Robles dicen ser espiados. Ahora sí que es un tema muy grave. Cuando solo afectaba al independentismo, la ministra lo justificaba. ¿Es la evidencia de que no hay que limpiar las cloacas por si las puedes usar? ¿O una maniobra para pasar de verdugos a víctimas? ¿Bye, CatalanGate? No cuela".

Para el vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, el hecho de que el presidente del Gobierno haya sido espiado con Pegasus no le exime de "dar explicaciones o asumir responsabilidades": "O hay incompetencia o hay complicidad".

También el diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha exigido al Gobierno que no haga pasar "verdugos por víctimas" con esta "teatralización" y ha añadido: "Ya basta de cortinas de humo". Desde Twitter se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha denunciado una "doble vara de medir" a la hora de tomar medidas ante el espionaje: "Contra el independentismo, todo vale", ha protestado.

"Todo espionaje político es de extrema gravedad. Hace días que lo denunciamos sin obtener explicaciones del Gobierno español. Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya", ha subrayado.

La portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja, ha considerado que "el único responsable" del espionaje político es el Gobierno central, tanto si es por "acción u omisión", y ha avisado de que es "más urgente" aún que se produzca la reunión entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat.

A su vez, el expresident Carles Puigdemont se ha solidarizado con Sánchez y Robles como "víctimas", aunque les ha reprochado "no haber hecho nada" cuando el independentismo denunció el espionaje. La viceprimera secretaria del PSC Lluïsa Moret ha pedido "llegar hasta el final" en todos los casos en los que haya indicios de espionaje ilegal, independientemente de si los afectados son independentistas o miembros del Gobierno.

Desde los comunes, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha denunciado que "el Estado profundo se ha emancipado de la ley y está en guerra sucia contra la democracia". Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha tachado de "incomprensible e intolerable" que el Gobierno "solo" haya reaccionado ahora y ha recomendado a Sánchez que ponga su caso en manos de Citizen Lab, el organismo que destapó las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas.

Precisamente Òmnium ha presentado una querella por espionaje en representación del exvicepresidente de la entidad Marcel Mauri, de la responsable del área de internacional Elena Jiménez y de Txell Bonet, periodista y compañera de Jordi Cuixart. La querella, primera que se presenta por este caso y que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, pretende demostrar "la involucración ilegal del Estado español en la trama de espionaje y abrir la puerta a una investigación que permita imputar a todos los organismos y poderes del Estado implicados". También los diputados de la CUP Carles Riera y Albert Botran y el exdiputado David Fernàndez han presentado querella.