Nuevo lío en Podemos: Facebook no informa al Tribunal de Cuentas del dinero procedente del partido

El exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones de 2019.

Ruiz Jarabo explica que “quien tiene que justificar los gastos para pretender recibir las subvenciones son los partidos políticos, los proveedores de los partidos no deben de justificarlo realmente, eso sí tienen obligación de dar información que han dado servicios al partido con la finalidad de que el Tribunal de Cuentas pueda hacer alguna verificación adicional con las fuentes del propio partido y la del proveedor de servicios. Hay unas empresas que han dejado de dar esta información, es un tema instrumental porque la obligación la tienen los partidos, en este informe el TC dice que lo han hecho bien, no suele ser lo más habitual.” Por otra parte recuerda que “en el anterior informe a éste, el TC se refería a las primeras elecciones de 2019 en el que ponía de manifiesto un incumplimiento de un partido que era Podemos al que parecia que habia presentado, en primer lugar, 300.000 euros sin ningún tipo de justificación como gastos realizados y, en segundo lugar, 133.000 euros con una factura falsa y a juzgar por la investigación en marcha se ha confirmado que es falsa y el servicio no se dió, por lo tanto está pendiente que el juez tomé la decisión pero se trata de algo gravísimo porque es una factura falsa para conseguir una subvención de manera indebida. Que esta vez el Tribunal no haya apreciado este tipo de irregularidades es una novedad”.

Por otra parte el exdirector insiste en que “el Tribunal de Cuentas no ha apreciado que están sin justificar los 800.000 euros, si no lo hubiera hecho sí y el tema tendrá una gravedad como la del anterior. No hay falta de justificación sino que una empresa proveedora de Podemos ha incumplido una obligación de carácter informativo que tiene una finalidad instrumental para los trabajos de fiscalización del Tribunal, por tanto lo señala y es posible que esa empresa sea merecedora de una sanción administrativa” , y recalca: “No quiere decir que los 800.000 euros están pendientes de justificar”.

Apunta que “el recorrido que tiene todo esto es una simple penalización económica a Facebook sin más y seguro que en las próximas elecciones no se les olvida mandar la información al Tribunal ni a ella ni a sus propios proveedores como la Cadena SER, Feria de Valencia, etc., no es nada grave en comparación con el anterior informe de fiscalización que a día de hoy sigue investigando.

Igancio afirma que “todo órgano fiscalizador, en principio, la primera fuente de documentación con la que se trabaja es la que manda el auditado fiscalizado pero de la pericia de los fiscalizadores está rastrear información por otras fuentes. Lo que comentamos es la posibilidad de tener gracias a la obligación informativa tener un acceso a los datos directamente para contratar con lo que se declara. Aquí la trascendencia cualitativa es enorme, es decir, lo que ocurrió fue una falsedad de documento mercantil pero además se hace de contra finalidad fraudulenta que es recibir indebidamente una subvención por un gasto que no se produce por eso es gravísimo”.

Finalmente, pone de manifiesto que “aunque el tema se está investigando la Justicia en España tiene sus plazos y por la información que tengo y veo en los medios de comunicación la realidad parece ser que no hubo servicio ni bien prestado ni se podía prestar que se ha documentado de forma falsa, aún así no hay sentencia del anterior caso”.