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El Gobierno español ha manifestado este miércoles su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea de que todos los países de la UE reduzcan voluntariamente un 15 % su consumo de gas hasta la próxima primavera para prepararse ante un posible corte del suministro ruso.

"Defendemos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa", ha dicho en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre una idea que "no es necesariamente la más eficaz, ni la más eficiente, ni la más justa".

"Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni luz en sus casas", ha añadido la ministra, quien ha insistido en que España también "va a defender la posición" de su industria.

Y es que, "de nada serviría que los industriales españoles no pudieran consumir gas si este no puede ser luego consumido por los hogares o por la industria de otros países".

Según ha trasladado Ribera, el Ejecutivo considera que el planteamiento de la Comisión Europea se ha producido "sin un debate de orientación general en el Consejo Europeo, incluso cuando las consecuencias económicas en términos de impacto redistributivo son particularmente importantes".

En este sentido, ha reconocido: "Hay muchos socios europeos que lo están pasando mal y ven con enorme preocupación el otoño y el invierno", motivo por el que ha mostrado la disposición del país para "ayudar de forma solidaria" poniendo a disposición todas sus infraestructuras y toda su capacidad de apoyo.

Eso sí, "defendiendo todo el respeto que nos merecemos los españoles y la industria española", ha aclarado la ministra, que ha recalcado que España puede sentirse orgullosa de ser solidaria gracias a que ha hecho "los deberes" para garantizar la seguridad de suministro.

"Queremos un debate sólido y honesto, oyendo las propuestas de cada Estado y no imponiendo soluciones que no nos parecen ni justas ni eficaces", ha apuntado, no sin aclarar que el Ejecutivo no discrepa de las metas de Bruselas, sino de haberse encontrado "con un menú del día ya diseñado".

LAMENTA LA "INACCIÓN PROFUNDA" DE LA UNIÓN EUROPEA EN INTERCONEXIONES

La vicepresidenta tercera ha recordado, además, que España lleva "dos décadas" pidiendo que se cumplan las obligaciones de interconexión con el resto de la región, ya sea con medidas ordinarias o extraordinarias, como ha sucedido esta mañana.

Sin embargo, a pesar de esa demanda, "ha habido una inacción profunda por parte de la Unión Europea", lo que explica que la península ibérica siga siendo "casi una isla energética", limitando la capacidad de ayudar al resto de vecinos.

"Somos solidarios, pero no se nos puede pedir un sacrificio desproporcionado", ha alegado Ribera, tras hacer hincapié, entre otros aspectos, en que la capacidad de almacenamiento del país está, en estos momentos, en más del 80 %, mientras que en Europa se encuentra en el 50 %.

CONFIANZA EN EL DIÁLOGO

Para la titular de Transición Ecológica, queda "mucho trabajo que estudiar y desarrollar" para que en el Consejo europeo de energía del próximo 26 de julio se presente una propuesta "solidaria, eficaz, eficiente" y espera que "coordinada".

En cualquier caso, la fórmula para España "es trabajar sobre lo que no tiene ningún otro estado de la Unión Europea", una puerta de entrada del 30 % del gas disponible en forma de gas natural licuado (GNL) con infraestructuras "preparadas" y capacidad de servir para almacenar y reexportar.

Así, ha puesto de ejemplo que el 20 % del gas natural que llegó a territorio español el mes pasado "fue reexportado de forma directa o indirecta, de gas o electricidad" a Francia, Portugal e Italia.

Si aún teniendo en cuenta esta situación Bruselas obligara a seguir haciendo un esfuerzo, Ribera entiende que "no puede computar como objetivo de reducción las cuantías que reexportamos, porque no somos consumidores finales, por lo que no sería razonable".

Con todo, la vicepresidenta se ha mostrado confiada en que el debate del día 26 "pueda ser oportuno, y en que un asunto como éste merezca la atención de jefes de Estado y Gobierno y no sólo de ministros de energía".

La Comisión ha propuesto una regulación que pide a todos los Estados reducir un 15 % su consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023 respecto a la media del mismo periodo en los últimos cinco años, un recorte que, de momento, será voluntario.

No obstante, prevé que el Ejecutivo comunitario pueda imponer la rebaja con carácter obligatorio cuando se declare una "alerta" en toda la Unión sobre la seguridad del suministro.

El objetivo de recorte es el mismo para todos los Estados, a pesar de que la dependencia del gas ruso varía mucho de uno a otro, siendo mucho mayor en países como Alemania o Italia, que en España o Portugal.