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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendía hace pocos años la prerrogativa del Gobierno para nombrar a los gestores de empresas públicas y ha asegurado que en los nombramientos realizados no ha habido casos de "enchufes" de familiares o corrupción ni irregularidades de ningún tipo.

Montero compareció en agosto de 2018 ante la Comisión de Hacienda del Congreso a petición de Ciudadanos y del PP para explicar los nombramientos del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, así como de los responsables de empresas públicas que dependen de la SEPI o de algún ministerio, como son Correos, Enusa, Cetarsa, Saeca, Paradores Nacionales y Seacsa.

"El Gobierno ha hecho uso de su prerrogativa constitucional para conformar los equipos que considera más convenientes para dirigir la acción de la Administración", ha afirmado la ministra, que ha asegurado que no entiende el motivo de su comparecencia ni su urgencia.

Según explicaba, el Ejecutivo buscó a las personas que ha considerado que mejor pueden contribuir a los cambios que derivan de su acción de Gobierno, a las que ha mantenido las condiciones contractuales de sus predecesores en el cargo y para cuya designación ha tenido en cuenta criterios objetivos.

Los funcionarios denuncian el 'enchufe' de Sánchez a su amigo: “Piensan que el Gobierno es su botín”

La designación por parte del presidente del Gobierno de su amigo Iñaki Carnicero hace unos meses para la dirección general de Transportes con un puesto creado expresamente para ello ha provocado todo un revuelo esta semana, ante lo que han protestado los propios funcionarios. Así lo ha hecho saber la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) que en enero ya presentó un recurso contra la designación de 23 excepciones en el Real Decreto de Estructura.

Lo explicaba su presidente, Jordi Solé, en Fin de Semana de COPE, donde denunció que, para los partidos que ganan las elecciones, “el Gobierno es su botín”. “Siempre hemos defendido que hace daño al país, en la medida que colocas en las instituciones a personas cuyo principal activo es la confianza personal o político y no su idoneidad, toman decisiones que no son las más adecuadas”, explica Solé a Cristina López Schlichting. “Ha habido una cultura en España en la que muchos piensan que el Gobierno es el botín del partido vencedor”.