Vota | ¿Debe controlar todos los impuestos el Gobierno o cada autonomía los suyos?

Eliminar el Impuesto de Patrimonio como Andalucía o Madrid, centralizarlo para evitar la competencia entre comunidades como propone el ministro José Luis Escrivá o enmarcar cualquier cambio en la financiación autonómica como defiende el Gobierno son las enseñas del último debate político en España, a ocho meses de las autonómicas y municipales de 2023.

Desde que este lunes el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunciara la supresión del Impuesto de Patrimonio en su comunidad, las reacciones a favor y en contra se han sucedido hasta implicar a todos los partidos, aunque el debate ha terminado de encenderlo el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que este martes se ha mostrado partidario de una mayor centralización fiscal del Estado para evitar el "despropósito" de la competencia tributaria entre comunidades.

Escrivá ha propuesto, a título "personal" según ha precisado, la aplicación de un "modelo australiano" hasta ahora desconocido para la mayoría, que primero determina el volumen de gasto por habitante necesario para prestar los servicios para que a continuación el Estado transfiera los recursos correspondientes a las regiones.

Nada más conocerse estas declaraciones, el PP se ha posicionado en contra de esa recentralización y en defensa de las competencias autonómicas, como ha hecho el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, que además ha tirado de hemeroteca para recordar que fue el PSOE el que, cuando gobernaba Zapatero, lo eliminó a nivel estatal para recuperarlo posteriormente con la crisis.

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha defendido la "corresponsabilidad fiscal" entre autonomías en lugar de la centralización de Escrivá, para que "aquellas comunidades que tienen en sus manos el poner en marcha algunas normas fiscales, lo hagan con responsabilidad".

En términos parecidos, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha manifestado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que el Gobierno no centralizará impuestos, pero ha dejado claro que la fiscalidad es una cuestión de Estado y que el Gobierno siempre ha considerado que cualquier modificación debe enmarcarse en un modelo de financiación autonómica que garantice los estándares de bienestar social.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones del ministro de Inclusión, pero sí ha pedido al PP que detenga la "carrera absolutamente destructiva a la baja" en impuestos.

Unidas Podemos y socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez como Compromís y ERC han pedido al Ejecutivo medidas para evitar el "dumping fiscal" tras la decisión de Andalucía, aunque no han coincidido sobre la propuesta de Escrivá, que los dos primeros apoyan con matices mientras Esquerra la rechaza.

Al otro lado del espectro político, Ciudadanos ha cargado contra Escrivá, que a su juicio pretende que "donde gobierna el PP no haya autonomía tributaria y no puedan decidir los impuestos que quitan", y Vox, que ha respaldado con entusiasmo una supresión del Impuesto de Patrimonio que considera una iniciativa propia adoptada por el PP "con algo de retraso".