Vota | ¿Ha mejorado o ha empeorado su situación económica durante el mandato del actual gobierno?

El destino, o más bien las urnas, han querido que la convocatoria de elecciones generales cayera más o menos el el quinto aniversario de la llegada al poder de Pedro Sánchez, que ganó la moción de censura que le convirtió en presidente del gobierno el 1 de junio de 2018. Desde entonces son muchas las cosas que han pasado: dos elecciones municipales, dos elecciones generales, unas elecciones europeas, una pandemia, una guerra entre países en Europa -la primera desde 1945- una crisis de precios energéticos y hasta una erupción de un volcán en territorio nacional. Con todo, cinco años son tiempo suficiente para desarrollar una primera valoración de sus resultados económicos al frente del gobierno.

En 2018, España estaba creciendo a un ritmo del 3%, y acabábamos de recuperar el PIB per cápita perdido en la crisis financiera de 2008. Las preocupaciones en la eurozona se debían al bajo crecimiento y a un nivel de precios de que no despegaba, de manera que el Banco Central Europeo mantenía a pleno rendimiento su política de expansión cuantitativa y política monetaria acomodatícia. Desde el principio, Sánchez apostó por una política económica muy ortodoxa, poniendo al frente de la misma a Nadia Calviño, economista del estado y entonces Directora General de Presupuestos en la Comisión Europea. Una tecnócrata con una hoja de servicios impoluta en Bruselas y que se merecía el respeto de todos los miembros del Eurogrupo.

Al poco tiempo de ser elegida, Calviño comenzó a trabajar en un plan de reformas de largo plazo, denominado 'Agenda para el Cambio', que recogía los principales elementos que debería acometer el gobierno socialista para hacer frente a los retos de la productividad, la desigualdad y las finanzas públicas: educación, formación profesional, empresas, reforma de las pensiones y laboral, etc. La 'agenda para el Cambio' fue interrumpida bruscamente por el rechazo de los presupuestos generales del estado de 2019, la nueva convocatoria de elecciones y la crisis del coronavirus, pero formó parte central del set de políticas que llevaron, posteriormente, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, más conocido como Plan Next Generation, debido a que fue la iniciativa Next Generation de la Unión Europea la que lo propició.

Desde el momento de su aprobación, el PRTR se convirtió en la guía de actuación en materia de política económica, al tiempo que la irrupción de la guerra de Ucrania y la crisis de precios energéticos aceleró la necesidad de ofrecer nuevos paquetes de apoyo económico a la población. Con la normalización del nivel de precios, el momento actual está marcado por la necesidad de ir retirando los estímulos y de acometer la senda de consolidación fiscal que el gobierno anunció en Abril de 2023, con el objetivo de llegar a 2024 con el déficit público por debajo de los límites establecidos por el pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea, que había suspendido sus reglas fiscales debido a la crisis pandémica.

¿Qué balance se puede hacer de este marco general de políticas económicas? En primer lugar, debe entenderse que cualquier balance debe tener en cuenta el tremendo impacto de la pandemia, que, en el caso de España, supuso la mayor caída del PIB de la Eurozona, todavía mayor que la vivida en la crisis de 2008. Si entonces fue una crisis que se basó en el estallido de la burbuja inmobiliaria, esta, en nuestro caso, golpeó especialmente a nuestro país debido a la importancia del turismo en nuestra economía, uno de los sectores más golpeados.

Teniendo en cuenta estos elementos, veamos cuáles han sido los principales aciertos: España ha reducido notablemente su desigualdad y, pese a la pandemia, ha logrado reducir su tasa de pobreza, con niveles mínimos desde hace quince años. El empleo ha funcionado extraordinariamente, logrando cifras récord en afiliación y reduciendo el desempleo a cifras no vistas desde 2008. La reforma laboral ha logrado atajar uno de los problemas de nuestra economía, la temporalidad, y el gasto en innovación ha crecido notablemente, superando las cifras de antes de la crisis, aunque lejos todavía de la media europea.

El ímpetu reformista del gobierno se ha centrado en el ámbito laboral, las pensiones, el ingreso mínimo vital, la incorporación de las evaluaciones en las políticas públicas -se están haciendo más evaluaciones que nunca- y las reformas de mercado, como la ley crea y crece o la ley de Startups, ámbito este donde España está dejando de ser el patito feo de Europa.

El auge de precios de 2022 se controló de una manera muy efectiva y hoy tenemos la inflación más baja de la Unión Europea, y, con el acuerdo alcanzado por sindicatos y empresarios, se recuperará pronto una parte del poder adquisitivo perdido. El índice de tendencia de la competitividad apunta a que España sigue recuperando competitividad y nuestra balanza por cuenta corriente, pese a la crisis de los precios energéticos, sigue estando en cifras positivas. En definitiva: tenemos una economía más igualitaria, que ha trabajado para las personas más vulnerables, y con mimbres para progresar en materia de innovación y emprendimiento.

En el debe, tenemos la deuda pública, abultada por los esfuerzos desarrollados en la lucha contra la pandemia, y el no haber recuperado todavía el PIB per cápita precrisis. España crece mucho más que sus socios, pero al haber caído más en 2020, el balance que se ofrece es, todavía, negativo. En términos de PIB, pero no en términos de renta para las familias, que no ha sufrido caídas gracias a las medidas sociales puestas en marcha. El segundo debe es la falta de una auténtica reforma fiscal, que sigue hecha sobre parches, y que hace que nuestro marco fiscal a largo plazo siga siendo más débil de lo que sería necesario, algo que se acrecienta con la parcial reforma del modelo de las pensiones, ámbito que necesitará ser revisitado en los próximos años.

Con este balance, España debería mostrarse satisfecha. Quedan no obstante trabajos por desarrollar y retos por resolver, pero si tuviéramos que responder a la pregunta sobre si España está hoy mejor preparada que en 2018 para atender los retos económicos y sociales que tenemos por delante, la única respuesta honesta es que sí.