Carmelo pide a Sánchez ayuda tras cinco años con dos inquiokupas y la respuesta le indigna: "Me dice que no puede"

El fenómeno de los inquiokupas ha generado un intenso debate en España. Esta práctica, que implica la ocupación ilegal de viviendas, ha aumentado y ha afectado a numerosas familias. Uno de ellos es Carmelo, un pensionista de 71 años que escribió a Pedro Sánchez para que le ayudase y ha recibido respuesta, aunque no le convence, como señala en El Cascabel de TRECE.

El término inquiokupa se refiere a aquellas personas que ocupan de manera ilegal una vivienda, muchas veces abandonada o vacía. Este fenómeno ha crecido, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde la demanda de vivienda supera la oferta. Las familias afectadas, tanto ocupantes como propietarios, viven en una constante incertidumbre.

Los propietarios deben lidiar con la frustración de ver sus bienes usurpados, mientras que las familias ocupantes enfrentan el miedo a ser desalojadas en cualquier momento, lo que les impide estabilizar su situación. Uno de los principales problemas para afectados como cuenta Carmelo en El Cascabel de TRECE es la complejidad del proceso de desalojo.

La ley en España establece procedimientos legales que deben seguirse para desalojar a los ocupantes. Esto incluye la presentación de una demanda judicial y, en muchos casos, la espera de meses para que se lleve a cabo una resolución. Además, la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia de Covid-19 ha llevado a la suspensión temporal de muchos desahucios.

Cinco años con dos inquiokupas

En respuesta a la creciente crisis de vivienda y a la presión social, el Gobierno español prorrogó el decreto antidesahucios hasta 2025, que busca proteger a los colectivos más vulnerables. Este decreto incluye medidas como la suspensión de desahucios para aquellos que no pueden hacer frente al pago de su alquiler o hipoteca.

Este decreto ha sido objeto de controversia, ya que algunos argumentan que fomenta la ocupación ilegal al hacer más difícil el desalojo. Es lo que le sucede a Carmelo con su vivienda en el barrio de Canillas de Madrid, aunque esa supuesta situación de vulnerabilidad a la que se amparan las dos inquiokupas es muy subjetiva.

Para declarar la vulnerabilidad de una familia tiene que tener las condiciones de desempleo, de bajos ingresos, de incluso haber caído sus ingresos un 40% en los últimos tiempos, pero, para justificarlo, no son necesarios documentos del SEPE o del Registro de Bienes, es suficiente con una declaración responsable.

Por esta razón escribió una carta a Pedro Sánchez para contarle su historia, así como la de otras tantas víctimas de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. La intención de Carmelo era hacerle ver el daño que esta polémica norma generando una injusticia a todas luces evidente, dejando claro que le ha llegado a afectar psicológica y físicamente.

Carmelo pide a Sánchez ayuda

En la carta de respuesta del presidente del Gobierno, admite ser "consciente del problema que plantean algunos inquilinos", pero que como "estos casos deben pasar por un juzgado", "la respuesta es menos inmediata": "Le sugerimos que se mantenga en contacto con su abogado, que es quien mejor le puede explicar".

El pensionista afectado señala que, la respuesta que ha obtenido de Pedro Sánchez es, básicamente, "que no puede ayudarme": "Yo lo veo un tanto insolente que alguien me responda en nombre del presidente en los términos que me ha respondido. No me encaja en alguien que ha planteado las cosas muy claras".