"¿Por qué nadie del Gobierno ha matizado las palabras de María Jesús Montero?"

¿Por qué esas declaraciones de María Jesús Montero, -en las que ignora el derecho a la presunción de inocencia, con la excusa de criticar la absolución de Dani Alves-, por qué pueden no ser un desliz, o solo un desliz? ¿Y por qué nadie del Gobierno hasta ahora ha hecho una sola matización a esas palabras? Estas son las primeras preguntas que nos planteamos hoy, y para responderlas, nos va a ayudar a hacer una cronología de la relación problemática que el Gobierno de Sánchez tiene con la Administración de Justicia.

Atrás, ya muy atrás, quedan los tiempos en los que Sánchez todavía negaba ese término empleado inicialmente por los independentistas catalanes para hablar de una supuesta guerra sucia judicial, el law fair. En el momento en el que pactó con ellos, Sánchez pasó primero a comprender y luego a abrazar ese término, el de law fair, para intentar utilizarlo incluso como excusa ante las investigaciones abiertas por corrupción en su Gobierno y en su entorno más cercano.

Atrás quedan también, en el tiempo, aquel Pedro Sánchez que criticaba lo que él llamaba la colonización por parte de los partidos políticos de instituciones como el Tribunal Constitucional, como lo oyen. Sánchez criticando, en noviembre del 22, para ser más exactos, la colonización del Constitucional. Desde que él forzó al máximo el sistema de elección para colocar a Cándido Conde-Pumpido al frente del Constitucional, ya se ve que no ha vuelto a haber riesgo de colonización.

Lo intentó también Sánchez con el Consejo del Poder Judicial, rebajar las mayorías en el Congreso para poder elegirlo sin necesidad de acordar nada prácticamente con nadie. Un intento del que, en buena medida, solo le detuvo la Unión Europea, que ahí sí se asustó.

Después llegaron ya las palabras de Marlaska, que es juez de formación, adelantando que las críticas a los magistrados son, decía él, saludables para la democracia. Unas palabras con las que, seguramente, Marlaska solo preparaba el terreno para que el propio Sánchez acusara a los jueces de connivencia con el Partido Popular, lo que, por cierto, también provocó una protesta formal de la presidenta del Gobierno de los jueces. Entre lo que Marlaska considera como saludable para la democracia, se debe de incluir, por ejemplo, acusar sin pruebas al magistrado que ha imputado a la esposa del presidente del Gobierno, porque lo han hecho, o señalar con nombres y apellidos a otros magistrados en la tribuna del Congreso, que también lo han hecho.

Pero los ataques no han sido solo de palabra. Desde el Gobierno se impulsó lo que hoy conocemos como la Ley Begoña, una reforma legal, la eliminación de la acusación popular, que hubiera interrumpido de manera inmediata las investigaciones judiciales por las que se ha imputado ya, por varios posibles delitos, a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno. Bueno, es en ese contexto en el que hay que situar esas declaraciones de María Jesús Montero, poniendo ahora en tela de juicio la presunción de inocencia, porque en esa cronología quedan ya pocos pasos más para que sean ellos quienes acaben pidiendo dictaminar a su gusto quién es culpable y quién no.