Trabajo firma con los sindicatos el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas
La vicepresidenta y los sindicalistas aseguran que siguen trabajando para la semana laboral de 32 horas
Madrid - Publicado el
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El Ministerio de Trabajo ha firmado el acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT para reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025.
El pacto, del que se ha desmarcado la CEOE, comienza a dar forma a un compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno, pero que en la última semana ha suscitado diferencias en los plazos de aplicación entre los socios PSOE y Sumar.
"La reducción de la jornada afectará a 12 millones de personas", ha dicho Yolanda Díaz durante el acto de firma, al tiempo que ha asegurado que, en los últimos 40 años, no se ha tocado la jornada laboral, mientras que ha aumentado la productividad por hora trabajada más del 50 %, por lo que "ha llegado la hora de repartirla".
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha incidido en que el acuerdo recoge la reducción de jornada a 37,5 horas semanales en el año 2025, manteniendo derechos de los trabajadores, incluidos los que tienen contrato a tiempo parcial.
También incluye el derecho a la desconexión digital y mejora las condiciones del registro de jornada hacia uno digital, transparente, fiable e interoperable con la Inspección de Trabajo; al tiempo que endurece el régimen sancionador por incumplimiento, con sanciones por trabajador afectado.
Los sindicatos esperan que "vea la luz en el BOE"
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha celebrado un pacto "completo y sumamente ambicioso" en un día importante, pero que "no es el final de nada", en alusión a la necesidad de sumar los apoyos parlamentarios suficientes para que termine en ley y aplicándose.
Sordo ha recordado que han estado un año negociando y ha reiterado que hubieran preferido un acuerdo en el que estuvieran las patronales CEOE y Cepyme.
"Es mejor y más efectivo un acuerdo tripartito, pero no se puede otorgar derecho de veto a nadie", ha subrayado.
Sordo ha confiado en que este cambio pueda tener un "efecto arrastre" en los convenios bajando las jornadas y ha destacado el papel que puede tener para mejorar la igualdad laboral, al abordar la parcialidad, así como en la creación de empleo.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ha reconocido que le hubiera gustado contar con CEOE y Cepyme en el pacto y les ha tendido la mano para seguir hablando, al igual que harán con los grupos parlamentarios para lograr sumar una mayoría que "refleje lo que piensa la sociedad".
El líder de UGT ha destacado la importancia de contar con un control horario "firme y serio"; así como garantizar el derecho a la desconexión para ir a una forma de trabajar "más europea".
"Es un buen acuerdo", ha defendido Álvarez, que ha añadido que las 37,5 horas son una "parada" para llegar a las 32 horas semanales, la jornada semanal de 4 días.
discrepancias en el seno del Gobierno
No lo ha aprobado el Consejo de Ministros, donde hay discrepancias importantes con esta cuestión y además es que no hay apoyos parlamentarios por el momento, cuenta la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Yolanda Díaz no ha conseguido rascar de momento el sí de PNV y de Junts. Ya veremos qué pasa más adelante. Y tampoco comparte la visión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que pidió esta semana retrasar la medida hasta el 2026.
La tramitación parlamentaria podría llevarnos hasta después del verano de salir adelante. Las empresas van a tener que adaptar sus convenios colectivos hasta el 31 de diciembre. Esos convenios colectivos tendrán que fijar un máximo de 37,5 horas semanales. Ahora la media está en poco más de 38.
Esto va a afectar a uno de cada dos trabajadores, sobre todo el sector servicios, el campo. Se prevén multas de hasta 10.000 euros por empleado en caso de incumplimiento. Y la CEOE desde el minuto uno se ha desmarcado de este acuerdo porque lo considera una intromisión en la negociación interna de las empresas, que ya, como vemos, están rebajando esa media de horas semanales, que, como decimos, está en poco más de 38, aunque la jornada máxima legal esté en 40.
Además, calculan un impacto de 42.000 millones de euros entre costes directos e indirectos y aseguran que muchas pequeñas empresas no lo van a poder soportar.