Se acaba el plazo de la reforma laboral: reuniones diarias para un acuerdo sobre temporalidad y convenios

La reforma laboral entra en los días clave para su aprobación. La llegada de los fondos europeos procedentes de Bruselas depende de que esta se produzca y el plazo finaliza el 31 de diciembre. El Gobierno, la patronal y los sindicatos tienen posturas bastante distanciadas aún y en la reunión del pasado viernes se saldó "sin avances significativos". La urgencia de aprobar la reforma ha hecho que las reuniones pasen a realizarse de forma diaria para que las tres partes puedan llegar a un acuerdo lo antes posible.

El Gobierno transmite su posición de querer realizar la reforma desde el diálogo y no imponer unas condiciones sin tener en cuenta a los agentes sociales. Pero, por otro lado, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que se van a cumplir los compromisos que se acordaron con Bruselas, por lo que en caso de no llegar a un acuerdo, el Ejecutivo impondría una reforma sin contar con los agentes sociales. De momento, aunque las negociaciones avanzan, el acuerdo no llega y las tres partes solo disponen de 18 días hasta que acabe el plazo que otorgó la Unión Europea si España quería recibir las ayudas europeas. En este sentido, la Comisión Europea pide al Gobierno de España que se ciña a estos plazos pactados, pero explica que la fecha límite es "indicativa".

Estas reuniones diarias son un gesto todos los implicados de llegar a una solución, pero de momento el acuerdo no llega y los días siguen pasando. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, declaró el pasado viernes que el objetivo es tener cerrado un principio de acuerdo esta semana.

Temporalidad, contratos fijos discontinuos y prevalencia de convenios

El tema que más está ralentizando el acuerdo de la reforma laboral es el de la temporalidad de los contratos y cuántos de este tipo puede tener cada empresa. El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, defendía limitar el número de contratos temporales a un porcentaje de la plantilla variable en función del tamaño de la empresa, una propuesta que la CEOE se negó rotundamente a aceptar. En la última semana, se produjo un ligero avance con el Gobierno planteando que se delimite a tres meses el tiempo por el cual una empresa puede justificar que las circunstancias de la producción le obligan a reforzar temporalmente su plantilla. La patronal vio con buenos ojos esta propuesta, pero aún se tienen que concretar las condiciones. Por su parte, los sindicatos también aceptarían esta propuesta del Ministerio de Trabajo, pero exigen que las sanciones para las empresas que no cumplan las condiciones sean más duras.

Otro de los puntos clave en esta negociación es la creación de los contratos fijos discontinuos. Este concepto contempla que aquellos trabajadores que las empresas contratan en periodos estacionales de forma temporal se conviertan en indefinidos. Con esto, el Gobierno pretende reducir la temporalidad de trabajadores de sectores como el turismo en verano. La CEOE no rechaza esta propuesta del Ejecutivo, pero el punto de desacuerdo de la patronal con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos es respecto a la antigüedad. La propuesta pretende que los trabajadores sumen meses de la misma manera estén trabajando o sea en el periodo en el que no están desempeñando el empleo y la CEOE no acepta esta cuestión.

El tercer término que más dificultades está presentando está siendo la prevalencia de los convenios. La patronal exige que sea el convenio de empresa el que predomine por encima del de cada sector. Sin embargo, el Gobierno y los sindicatos proponen que que sea el convenio del sector el que prevalezca antes que el de la empresa para proteger los intereses de los trabajadores de empresas pequeñas. Para los sindicatos, este punto es fundamental e innegociable.