La AIReF denuncia la falta de control de 14.000 millones en subvenciones

El resultado nos lo imaginábamos pero faltaban poner las cifras y hoy lo ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Ha denunciado falta de planificación y de transparencia en más de 14.000 millones de euros que conceden al año las Administraciones Públicas en subvenciones. De esa cantidad unos 10.000 millones corresponderían a comunidades autónomas y se benefician más de un millón de personas. El organismo critica que no hay rendición de cuentas ni procedimientos sancionadores por mal uso. No se reclaman devoluciones cuando se incumplen las condiciones. Con todo fuentes de la AIReF explican que no cabe decir que exista "un descontrol".

La AIReF no entra a valorar si las subvenciones son necesarias o no. Sí sostiene que es clave superar la nube de ineficiencias que existe, replantear los criterios y el mapa actual del reparto del dinero. Pide una modificación de la Ley General de Subvenciones para "clarificar" el ámbito de aplicación, que incluya un procedimiento sancionador, y simplificar las cargas administrativas, así como impulsar las conferencias sectoriales como una red de órganos especializados, donde compartir y evaluar iniciativas. Ahora mismo no lo son. Actúan como un órgano “centralista”, con una “visión parcial” y “se limitan a repartir los fondos de la Administración Central a las comunidades autónomas”. Los criterios de reparto, afirma, “son políticos, no son objetivos ni públicos”. Un ejemplo es la conferencia sectorial de vivienda, donde los criterios de reparto no han cambiado desde 1992.

¿Todos los hacen mal? No. El informe cita a Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Navarra y Cataluña como las comunidades autónomas con una mejor planificación estratégica de las subvenciones. A nivel ministerial son Fomento y los departamentos de I+D+i. El peor, Justicia.

HABRÁ NUEVOS INFORMES

El de las subvenciones es el primero de los estudios de la AIReF dentro del proceso de revisión del gasto público, Spending Review, exigido por Bruselas. En los próximos días se publicarán otros documentos sobre el gasto en medicamentos dispensados con receta médica, las políticas activas de empleo o las becas universitarias. En una segunda fase también estudiarán las infraestructuras y los beneficios fiscales. Durante la presentación su presidente, José Luis Escrivá, ha explicado que se trata de un “ejercicio novedoso” que se ha realizado en colaboración con cinco consultoras, elegidas por concurso.

Escrivá ha señalado la "carencia grande" que hay España de la evaluación de las políticas públicas, ya que aunque hay un control de fiscalización y legalidad, hay una "escasísima evaluación de los resultados", por lo que ve un "extraordinario margen de mejora" en la gestión del gasto público español, que alcanza el 40% del PIB.