Cabify demandará a Podemos por relacionarlos con paraísos fiscales

El director para Europa de Cabify, Mariano Silveyra, ha dicho hoy que no confía en que Unidos Podemos rectifique sus acusaciones contra la plataforma sobre una presunta evasión de impuestos a escasas horas del acto de conciliación entre las partes y ha advertido de que estudiará interponer una demanda judicial en breve plazo.

Silveyra ha reconocido que le "sorprendería" que Podemos rectificara los mensajes que vienen "sufriendo hace ya más de un año" en las redes sociales por parte de dirigentes de Podemos que, ha dicho, "atentan y atacan" a la plataforma y que "buscan desprestigiar" su reputación.

Ha precisado que Cabify "no tiene nada en contra" de Podemos, pero ha indicado que "mentir tiene sus consecuencias" y que "no pueden desprestigiar por medio de Twitter".

Desde el partido liderado por Pablo Iglesias se han posicionado en contra de "las transnacionales que vulneran los derechos laborales y que buscan imponer la precariedad como modelo, mientras extraen la riqueza de los países donde operan".

La formación morada, que acusó a Cabify de tributar en paraísos fiscales, ha anunciado que a la mediación acudirán la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, el responsable de Sociedad Civil, Rafael Mayoral y el secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique.

Silveyra ha recalcado hoy en una conferencia de prensa previa al acto de conciliación en los Juzgados de Plaza de Castilla que Cabify es una empresa española que tributa en España el 100 % de su actividad y, asimismo, las cuotas del IRPF y la Seguridad Social de sus trabajadores.

El directivo de la plataforma informática española que conecta a usuarios con vehículos de alquiler con conductor (VTC) ha admitido que la matriz de la empresa está radicada en Delaware (Estados Unidos) y lo ha justificado por los socios inversores norteamericanos iniciales.

Ha recalcado que Delaware (EE.UU.) no esta en la lista de paraísos fiscales, ha dicho que no existe traspaso de beneficios entre el negocio en España y Delaware y ha explicado que "ningún socio inversor va a poner un dólar si Cabify no tiene su matriz" en un lugar en Estados Unidos.

Según Silveyra, Delaware es un Estado "muy flexible a la hora de gestionar cambios accionariales", lo que a su juicio les facilita la entrada de nuevos inversores y que sin la matriz radicada en territorio estadounidense no habrían logrado crecer.

También ha explicado que en España no existe una ley de empresas emergentes o "start ups" que permita retribuir a sus empleados mediante opciones sobre acciones o "stocks options" y ha añadido que la única manera de hacerlo es radicando la matriz en un Estado en donde esté permitido, como es Delaware.

Cabify está en manos de sus empleados en más de un 25 % "gracias a que tiene su matriz en Delaware", ha puntualizado.

El director para Europa de la plataforma ha comunicado que Cabify facturó en 2017 en España 70 millones de euros, frente a los 17 millones de 2016.

En el último ejercicio arrojó unas pérdidas de 3 millones y en uno o dos años, según Silveyra, el objetivo de la compañía es convertirse en una empresa cotizada en bolsa.

Sobre el futuro de la empresa por el reglamento que sobre la actividad de las VTC quiere aprobar el Ayuntamiento de Barcelona, Silveyra ha dicho que es "oscurísimo" y que Cabify con 50 o 100 coches "dejaría de existir en España".

Ha lamentado que en Barcelona se pretenda "restringir abruptamente" el número de licencias por imponer un segundo requisito controlado por el Ayuntamiento y ha añadido que "podría ocurrir lo mismo" en Madrid o Valencia en unos meses "si no se pone remedio".

Silveyra ha comentado que "una parte del sector del taxi está detrás de toda esta situación" y ha matizado que "no puede ser que un partido político se preste" a este tipo de cuestiones.

Acerca del nuevo Gobierno, el directivo de Cabify ha comentado que no saben cuál es su posicionamiento, y ha mostrado su confianza en que "mantengan la postura que haga cumplir la ley y que evite que los ayuntamientos tengan competencia directa" sobre el sector.