El Congreso convalida el complemento de las pensiones y la prórroga de los ERTE

La mayoría del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto por el que se prorrogan los ERTE hasta el 31 de mayo y el que aprueba un nuevo complemento por maternidad en las pensiones, que serán tramitados como proyectos de ley y podrán recibir enmiendas.

La votación ha sido ajustada en el caso del real decreto del complemento de maternidad, defendido por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que ha recibido 168 votos a favor, 164 en contra y 16 abstenciones.

La convalidación ha sido posible por el apoyo de última hora de JxCAT, que se unió a los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, BNG y La Cup, entre otras formaciones, y pese a que ERC y Bildu se abstuvieron y Cs votó en contra.

Más holgada ha sido la convalidación del real decreto-ley que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), defendido por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con 296 votos a favor, 52 en contra y una abstención.

El real decreto del complemento de las pensiones supone añadir una cuantía fija de 378 euros anuales en la pensión del beneficiario por cada hijo y recoge también cambios en el IMV, moratoria hipotecaria y el reconocimiento de la covid-19 como enfermedad profesional para los sanitarios.

Ambos decretos serán tramitados como proyectos de ley, aunque esta decisión ha sido más discutida en el caso del que prorroga los ERTE, al recibir el voto en contra de 170 diputados.

Este decreto, además que ampliar el plazo de vigencia de los ERTE, también prorroga la prestación por cese de actividad de los autónomos, así como los subsidios para el sector cultural.

Asimismo incluye la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento o la posibilidad de solicitar aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta por los arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica.

Incluye también la ampliación de los tipos de cotización para autónomos, de la cláusula de salvaguarda de la reforma de las pensiones de 2011, que garantizaba las condiciones de jubilación previas para las personas despedidas antes de la entrada en vigor de esa reforma o las medidas del Plan Me Cuida, con medidas de conciliación.