ERTEs y despidos: ¿podrá cumplir el Gobierno su promesa?

Aunque el Gobierno aseguraba que nadie iba a quedarse atrás durante la pandemia, lo cierto es que el empleo empieza a preocupar y mucho. De hecho, el sector privado ya planifica reestructuraciones de plantilla para poder soportar la mala situación económica.

Como muchas empresas se han acogido a ERTEs en los últimos meses, no han tenido que pagar cuotas sociales. Sin embargo, ahora están empezando a hacerlo, con el objetivo de poder ejecutar despidos cuanto antes, según revelan fuentes sindicales a Invertia.

Según las condiciones de los ERTE, el empleo tiene que mantenerse por lo menos unos seis meses desde que se inicie la recuperación de la actividad. Por lo tanto, no podría haber despidos... salvo que se 'devuelvan' las exoneraciones de las cuotas sociales. En ese caso, sí se permitirían, lo cual está en el planteamiento de algunas compañías para, al reducir sus plantillas, afrontar mejor la crisis económica.

Desde UGT, de nuevo en declaraciones para Invertia, se teme “una avalancha de despidos”. En Comisiones Obreras, por otro lado, prefieren ser más cautos y esperar a ver qué sucede con la evolución de la vacuna del coronavirus. Desde el Ministerio de Trabajo y el departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tampoco han notado ningún tipo de alarmismo.

Sí parece haber más preocupación en el Consejo General de Gestores. Sobre todo, por las empresas zombi, que no saben si podrán seguir adelante. Tampoco es muy alentador el hecho de que haya caído, de forma considerable, la renovación de los ERTE. De hecho, los gestores calculan que se destruirán 300.000 puestos de trabajo más en España por ese paso del ERTE a los despidos.

De momento, los ERTE están prorrogados en nuestro país hasta el 31 de enero de 2021. Aquellos con exoneraciones para las empresas en la segunda ola de la covid-19 implican mantener el empleo seis meses más. Es decir, cuando concluya el período de salvaguarda del ERTE anterior, empezará el nuevo. Es el instrumento al que se agarra el Ejecutivo para poder evitar despidos masivos y, como ha esgrimido desde que el virus empezó a ser un problema grave, lograr que nadie se quede atrás.