El FMI mejora hasta el 11,7% el déficit previsto para España en 2020, aunque sigue a la cabeza de la eurozona

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado de forma positiva sus estimaciones del déficit que registró España en 2020, hasta situarlo en el 11,7% del producto interior bruto (PIB), frente al 14,1% que había estimado en octubre, según se desprende de la actualización de enero de su informe bianual 'Monitor Fiscal', publicado este jueves.

En cambio, para 2021, la nueva estimación del Fondo es que el déficit de España alcance el 8,2%, lo que supone un empeoramiento de siete décimas con respecto al 7,5% que consideraba en octubre.

Estos cambios se corresponden en cierta medida con las actualizaciones en las previsiones de PIB que actualizó esta semana el FMI, mejorando la caída de la economía en 2020, pero empeorando la recuperación en 2021.

Aunque los cambios son similares a los del resto de grandes economías europeas, España se mantendrá como el país que peores datos de déficit tendrá tanto para 2020 como para 2021 en la eurozona.

La nueva previsión del FMI es que el conjunto del área del euro contabilice un déficit del 8,4% en 2020 y del 5,9% en 2021, lo que supone una mejora de 1,8 puntos para el año pasado y un empeoramiento de nueve décimas para este.

Entre las cuatro mayores economías que emplean el euro, Alemania observará un déficit del 5,1% en 2020 y del 3,4% en 2021, por lo que las estimaciones se han mejorado en cinco puntos y se han empeorado en dos décimas, respectivamente.

Para Francia, el organismo internacional espera un déficit del 10,6% el año pasado, dos décimas mejor de lo estimado anteriormente, y del 7,7% en 2021, 1,2 puntos peor de la cifra adelantada en octubre. Con respecto a Italia, el déficit será del 10,9% y del 7,5% para este año y el siguiente, respectivamente, lo que implica una mejora del 2,1 puntos en 2020 y un empeoramiento de 1,3 puntos en 2021.

DÉFICITS GENERALIZADOS Y ESTÍMULOS

En el informe publicado este jueves, el Fondo ha informado de que el apoyo fiscal de los gobiernos a nivel mundial ascendió en 2020 a 14 billones de dólares (11,562 billones de euros). De esta forma, entre octubre, cuando se publicó el anterior Monitor Fiscal, y finales de año, los estímulos públicos se han elevado en 2,2 billones de dólares (1,816 billones de euros).

Este apoyo fiscal sin precedentes, que excede el registrado tras la crisis de 2008, ha tenido consecuencias en el nivel de endeudamiento y del déficit de todos los países a nivel mundial.

Así, el conjunto de las economías avanzadas han cerrado 2020 (a la espera de conocer los datos finales), con un déficit del 13,3% de su PIB, frente al 10,3% de las economías con ingresos medios y el 5,7% de los países pobres.

Por otro lado, el FMI estima que la deuda pública a nivel global cerró 2020 situada en el 98% del PIB, lo que supone un incremento de 14 puntos con respecto a lo que se estimaba en el 'Monitor Fiscal' publicado en octubre de 2019, varios meses antes de que se iniciara la pandemia mundial.

Pese a esta situación generalizada de desequilibrios en las cuentas públicas, el FMI ha alertado de que si no se aprueban estímulos fiscales adicionales a los ya incluidos en los planes presupuestarios para este año "las contracciones fiscales proyectadas para este año podrían ralentizar la recuperación, cuya senda y magnitud siguen siendo inciertas".

"El apoyo fiscal, que es esencial para hogares, empresas y la recuperación, tiene que ser mantenido pero ajustado a la evolución de la pandemia y la economía, así como facilitar la necesaria transformación estructural", ha afirmado el organismo presidido por Kristalina Georgieva.

Ante este panorama, las recomendaciones del Fondo para los gobiernos no han variado mucho con respecto a las ya indicadas en documentos presentados en los últimos meses. Las prioridades fiscales son invertir en sistemas sanitarios, educación e infraestructuras; ayudar a la gente a recuperar trabajo, ya sea mediante subsidios a la contratación o nueva formación; fortalecer los sistemas de protección social para combatir la desigualdad y la pobreza; recortar el gasto ineficiente, mejorando la transparencia y las prácticas de gobernanza; y repensar los sistemas fiscales para mejorar la equidad mediante una tributación más progresiva, con mejoras en el IVA y mayores gravámenes al carbono, la propiedad de inmuebles y las herencias.