El giro en el lío de Muface pone a millones de funcionarios en punto muerto: "No sabemos hacia dónde vamos"
El Gobierno dará más tiempo a las aseguradoras y ya trabaja en nuevas condiciones para intentar salvar este modelo de asistencia sanitaria privada
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El sistema de asistencia sanitaria privada de Muface, destinado a los empleados públicos en España, atraviesa una etapa crítica. La incertidumbre ha marcado el panorama para millones de funcionarios que se encuentran atrapados en un laberinto administrativo que parece no tener salida. El Gobierno ha decidido extender el plazo para que las aseguradoras presenten nuevas ofertas, mientras trabaja en un ajuste de condiciones que podría, o no, salvar este modelo sanitario que ha sido una de las principales opciones de cobertura para los funcionarios durante décadas. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto.
Victoria Ballesteros detalla en COPE la difícil situación en la que se encuentran los usuarios de Muface. "Es un tira y afloja que tiene en vilo a todos esos empleados públicos que han elegido Muface", haciendo hincapié en el nerviosismo y desconcierto que reina entre los afectados.
Las quejas son generalizadas. Los funcionarios, muchos de ellos con décadas de servicio y sin ningún tipo de baja médica, se ven ahora atrapados en una maraña burocrática que no ofrece respuestas claras. "No tenemos ni idea ni hacia dónde vamos, ni dónde estamos, ni lo que tenemos que hacer", explicaba una de las afectadas, reflejando el sentir de miles de trabajadores públicos que, hasta hace poco, tenían garantizada la cobertura sanitaria a través de Muface.
El proceso de licitación de los servicios de salud a través de Muface lleva meses de retraso. Estamos ya a finales de enero y los funcionarios siguen sin tener seguridad sobre quién será su aseguradora en los próximos meses. En el último ciclo de licitación, las aseguradoras más importantes, como Adeslas y DKV, mostraron su intención de abandonar el concurso, lo que ha complicado aún más la situación.
Un panorama de incertidumbre
"La falta de previsión nos lleva a que a estas alturas ya prácticamente de finales de enero, nos encontramos con que no tenemos todavía seguridad", se lamentaba Miguel Borra, presidente del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), quien en la misma entrevista con COPE denunció que los sindicatos están recibiendo "cientos de quejas de mutualistas que no se les está prestando la asistencia sanitaria adecuada".
Este clima de inestabilidad está provocando un aumento en las tensiones laborales. Los sindicatos no descartan convocar huelgas si la situación no se resuelve rápidamente. Los funcionarios temen que el modelo de asistencia sanitaria se vea gravemente afectado o, peor aún, que se les deje sin ninguna alternativa en el caso de que las aseguradoras decidan finalmente abandonar el sistema.
En un intento por dar solución a este caos, la Administración ha optado por extender el plazo para que las aseguradoras presenten nuevas ofertas. Sin embargo, la situación sigue siendo incierta. En las últimas semanas, el Gobierno ha buscado acercar posturas con las aseguradoras, en particular con Adeslas, una de las más grandes, que inicialmente había manifestado su intención de no continuar con el modelo. ASISA, la única aseguradora que ha mantenido una postura firme y abierta a seguir prestando servicio, ha sido la única que se ha pronunciado de forma clara sobre su disposición a continuar.
Victoria Ballesteros explica que todos los asegurados tienen garantizada la asistencia sanitaria hasta que no se adjudique un nuevo concurso. Sin embargo, la promesa de seguridad temporal no ha logrado calmar la preocupación de los funcionarios, que siguen esperando respuestas definitivas sobre su futuro sanitario.
¿Qué pasará con Muface?
El conflicto abierto por Muface está en el centro del debate político y social, con implicaciones no solo para los funcionarios públicos, sino también para el sistema sanitario privado en su conjunto. La ampliación de los plazos para que las aseguradoras presenten sus ofertas podría ser la última oportunidad para salvar el modelo, pero también existe el riesgo de que el sistema termine siendo reestructurado o incluso reemplazado por otras fórmulas menos satisfactorias para los empleados públicos.
La falta de claridad por parte de las autoridades ha puesto en jaque a millones de funcionarios que ven cómo el modelo de asistencia sanitaria que hasta ahora les brindaba una cierta estabilidad empieza a tambalear. Por el momento, solo queda esperar que las nuevas condiciones que el Gobierno está preparando logren dar respuesta a los problemas planteados, pero la inquietud es palpable.