Hosteleros alegan en el TS el "desprecio" del Gobierno a la OMS para pedir indemnizaciones

Hosteleros que tuvieron que cerrar sus negocios como consecuencia de la pandemia de la covid 19 han alegado ante el Tribunal Supremo (TS) que el "desprecio" y "caso omiso" a las recomendaciones de la OMS, la imprevisión y la tardanza en adoptar medidas del Gobierno justifican que reclamen una indemnización.

El Tribunal Supremo ha comenzado este jueves a tratar los primeros recursos por reclamaciones patrimoniales al Estado por la covid-19 de empresarios y autónomos, que esperan una indemnización por los daños ocasionados por las restricciones durante los estados de alarma, anulados posteriormente por el Constitucional.

Hoy, se han celebrado dos vistas públicas de los recursos del hotel Alhambra Palace, que reclama 417.000 euros de indemnización por el cierre desde el 14 de marzo al 1 de junio de 2020, y del Grupo Lateral de restauración, que solicita millón y medio de euros, porque su actividad se vio limitada durante la pandemia.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo tiene sobre la mesa más de 7.000 recursos por reclamaciones patrimoniales, de los cuales ha escogido nueve para fijar la jurisprudencia a seguir para el resto.

En las vistas de hoy, ambas partes han alegado que debieron afrontar un "sacrificio extra" que otros sectores económicos y han acudido al artículo 3.2 de la Ley Orgánica de los estados de alarma, que dice que "aquellos que sufran daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados".

Esta es la clave de bóveda de toda esta cuestión, toda vez que no existe jurisprudencia al respecto y el Supremo debe dirimir si es de aplicación automática o hay que cumplir un serie de requisitos que fija la ley general, entre ellos, ausencia de fuerza mayor.

Sin embargo, la letrada del hotel ha alegado, además, que el daño se produce por "la notoria conducta omisiva del Gobierno con absoluto desprecio de los organismos internacionales" que venían advirtiendo de la crisis "desde finales de 2019", por lo que "no se puede hablar de situación imprevisible a fecha de marzo de 2014".

Ello lleva, a su juicio, a descartar que pueda hablarse de fuerza mayor porque "no es el virus el que cerró los establecimientos sino el decreto del Gobierno", ya que "de haber actuado con previsión y antelacion no hubiese sido necesario el cierre total".

Por su parte, el abogado del estado ha considerado "absurdo" que deba indemnizarse de forma automática si se produce el daño, ya que en su opinión el 3.2. actúa como "recordatorio" para remitirse al régimen general, que exige que concurra ausencia de fuerza mayor.

"La administración no es una aseguradora universal", ha añadido dejando claro que aquí sí hubo fuerza mayor porque fue una crisis mundial sin precedentes y, por tanto, el estado no debe indemnizar.

Al respecto, ha defendido que "no tiene sentido que cuanto mayor sea la emergencia más derecho a la indemnización haya" y ha matizado que el estado de alarma no implicó la paralización absoluta de las actividades económicas, ya que hubo regímenes distintos para la restauración, hostelería y ocio nocturno.

Uno de los magistrados de la Sala, el expresidente del Poder Judicial Carlos Lesmes, ha tomado la palabra para preguntar a la letrada del hotel por el artículo 3.2 que si bien abre la puerta a indemnizaciones dice que habrá que hacerlo "de acuerdo con lo dispuesto en las leyes". "¿Qué leyes son esas?", le ha preguntado.

Y acto seguido le ha pedido que cómo puede "salvar el escollo" del Tribunal Constitucional cuando dijo que las medidas adoptadas fueron proporcionadas y había "deber jurídico de soportarlas", lo que deja entrever la dificultad de argumentar estas reclamaciones.