Las concesionarias de autopistas plantean a Gobierno subir los peajes un 8,4%

Las concesionarias de autopistas de peaje han planteado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aplicar una subida de los peajes del 8,4 % a partir del próximo 1 de enero como consecuencia de la fuerte alza que registra el IPC, según han indicado fuentes del sector.

El departamento que dirige Raquel Sánchez deberá adoptar una decisión en breve teniendo en cuenta que la subida de las tarifas, ligadas a la evolución de la inflación acumulada en los últimos 12 meses hasta el 30 de noviembre, debe aplicarse en el arranque de 2023.

El sector, que está a la espera de una respuesta del Gobierno, está abierto a aplicar distintas fórmulas teniendo en cuenta el encarecimiento que la actual escalada inflacionista tendrá en las tarifas.

Y es que son conscientes de que aunque un encarecimiento de las tarifas redundará en un incremento de los ingresos futuros, también puede provocar una caída de los tráficos y tiene además un efecto dañino para la economía.

DISTINTOS MECANISMOS

Por ello, si no se aplica la subida que corresponde, la Administración tendría que orquestar algún tipo de compensación para las concesionarias, algo que desde el sector ven con buenos ojos.

Entre los mecanismos más habituales se encuentra alargar el plazo concesional, que el Estado abone un diferencial en caja a las compañías o aplicar subidas diferidas en el tiempo.

De hecho, ven probable que el Ministerio se decida por una fórmula intermedia para que el impacto no sea tan duro, aunque creen que no optará por alargar las concesiones.

Así se está haciendo en algunas otras economías, donde las altas tasas de inflación están obligando a tomar una serie de medidas para evitar que las tarifas se encarezcan de forma ostensible.

El tráfico en las vías de peaje españolas sigue por debajo de los niveles prepandemia y desde el sector lo atribuyen a que la recuperación de la economía española se ha demorado más, al impacto que está teniendo el teletrabajo y el encarecimiento de los carburantes.

PAGO POR USO

En ese contexto el Gobierno deberá decidir en algún momento si implanta el pago por uso en las vías de alta capacidad teniendo en cuenta que en España, a diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de los países europeos, la mayor parte de la red es gratuita.

Aunque tiene que haber voluntad política el sector entiende que al final las necesidades obligarán a optar por este sistema teniendo en cuenta que puede haber un déficit de mantenimiento en carreteras, tanto autonómicas como del Estado, del entorno de los 8.000 millones, y que esta opción supone una fuente de ingresos para el Estado vía impuestos.

Al sector le consta que desde el Gobierno están estudiando las distintas posibilidades pero reconocen que aún son muchas las incógnitas a aclarar y calculan que para hacer realidad la puesta en marcha de peajes se necesitan 2 años ya que requiere cambios legislativos, la instalación de los pórticos, el desarrollo de los sistemas informáticos, etc.

Por ello, y dado que el Gobierno trasladó a Bruselas esta intención, el sector no descarta que se opte inicialmente por una viñeta en 2024, y una vez que se interioriza por parte de los usuarios y se deja todo preparado, se puedan implantar peajes en 2026.

Las compañías, a las que les gustaría replicar el modelo de Portugal, ven posible que se pueda discriminar por renta en el pago de las tarifas.

DESARROLLO DE ELECTROLINERAS

También demandan a la Administración un contrato de concesiones subvencionado, por ejemplo de 15 años, para el desarrollo de electrolineras, como ha llevado a la práctica Francia.

Con este mecanismo creen que las compañías privadas invertirían en su desarrollo asumiendo que seguramente los primeros cinco años perderán dinero y empezarán a recuperarlo al final de la concesión.