Las subastas extrajudiciales, una ayuda a juzgados y empresas en plena crisis

La creciente saturación de los juzgados de lo Mercantil y las últimas modificaciones en la regulación están consolidando a las subastas extrajudiciales como una vía eficaz para agilizar los concursos de acreedores y maximizar el valor de los activos de las empresas con problemas.

El consejero delegado de Activos Concursales, Joaquín Oliete, destaca a Efe el papel de las entidades especializadas, capaces de adjudicar activos "en 4 o 5 meses", lo que contrasta con los plazos medios "de alrededor de 40 meses" que arrastran los juzgados.

Según un estudio del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (Icjce), cerca del 90 % de los concursos de acreedores presentados en España termina en liquidación, una circunstancia a la que contribuyen múltiples factores, incluida la demora en la tramitación de estos procedimientos.

Y es que, en tan sólo una década, la duración media de los concursos se ha más que duplicado, desde los 22,5 meses de 2010 a los 54,9 meses de 2019, tal como se desprende de los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Frente a esta situación, las subastas extrajudiciales agilizan un proceso clave, el de la adjudicación de los activos, lo que evita su deterioro o pérdida de valor, y permite que se generen menos deudas concursales.

SE REDUCE LA POSIBILIDAD DE ESPECULAR

Más allá de la velocidad en el trámite, estas subastas presentan otra garantía frente a las electrónicas del Boletín Oficial del Estado (BOE).

"En las del BOE no hay contacto entre el interesado y el secretario judicial -que es quien publica la información-. No se atienden llamadas, no se despejan dudas ni se conciertan visitas para ver los activos", indica Oliete.

La falta de asesoramiento hace que "sólo puedan acceder a estas subastas los profesionales expertos, que intentan quedarse activos a bajo precio para luego revenderlos".

Sin embargo, las celebradas por entidades especializadas van dirigidas también a usuarios finalistas "que quieren quedarse con ese inmueble para vivir, y aunque están dispuestos al ahorro, no buscan márgenes del 30, 40 o 50 % como los especuladores".

De hecho, el descuento medio en una vivienda para los finalistas estaría en un máximo del 20 %, demasiado bajo para los conocidos como "subasteros", a quienes no compensa seguir en la puja.

ACTIVOS INMOBILIARIOS...Y EL YATE DE DÍAZ FERRÁN

Por tipo de activos, los inmobiliarios continúan siendo los más subastados.

"Inmuebles, solares, pero también muchos locales comerciales ya que ha habido mucho cierre por la COVID", apunta el consejero delegado de Activos Concursales, que aclara que el nivel de viviendas ha bajado sensiblemente respecto a la crisis financiera de 2008, vinculada al ladrillo.

Pero en Eactivos.com, su plataforma de subastas en línea, también han adjudicado bienes menos frecuentes, como el yate del expresidente de la patronal CEOE y dueño de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, después de que la Audiencia Nacional así lo ordenase.

Porque no todos los activos proceden de concursos. "Los hay que vienen de procesos penales por blanqueo o narcotráfico", dice Oliete, que recuerda también la venta de bienes muebles y alguna que otra oficina de Fórum Filatélico, intervenida judicialmente en 2006.

EL FUTURO DE LAS SUBASTAS EXTRAJUDICIALES

Los cálculos de Eactivos.com preveían que las subastas extrajudiciales se dispararan en un 5.000 % tras el fin del estado de alarma, con el fin de dar salida a todas las pujas acumuladas en los juzgados tras la hibernación provocada por el coronavirus.

Ahora, los profesionales del sector de la insolvencia reconocen que existe cierta incertidumbre con lo que pasará a partir del próximo enero cuando finalice la moratoria del Gobierno a la presentación de concursos de acreedores.

Desde el punto de vista de Activos Concursales, "muchos empresarios no van a poder devolver los créditos ICO y no van a tener más remedio que ir a concurso, así que si hasta ahora ha habido un incremento del 80 %, en el primer semestre del 2022 va a ser muy superior a esas cifras".

Ante el atasco judicial, cada vez se nombra más a estas entidades especializadas; no obstante, Oliete advierte de que el crecimiento experimentado por este tipo de subastas hace "necesario" que estos servicios sean regulados por el Ministerio de Justicia.

De ahí que inste al departamento que dirige Juan Carlos Campo a que regule un protocolo de nombramiento de entidades especializadas, "para que no cualquier persona física o inmobiliaria diga que lo es". EFE

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