Los Presupuestos afrontarán 6.895 enmiendas parciales en su tramitación

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 se enfrenta a 6.895 enmiendas parciales en su tramitación en el Congreso de los Diputados, en las que se reclama desde subidas de pensiones o un ingreso mínimo vital a inversiones en carreteras, ferrocarril o geotermia.

Los grupos que han presentado un mayor número de enmiendas son Podemos (2.100) y PSOE (2.000), aunque también han planteado cambios el resto de grupos, en ocasiones numerosas -como las 998 de ERC o las 880 de PDeCAT- y otras más reducidas -como Ciudadanos (92), PP (90), Nueva Canarias (88) o PNV (43)-.

El Gobierno tiene prácticamente cerrados los apoyos para aprobar el proyecto presupuestario con los votos de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias y UPN, por lo que previsiblemente serán las enmiendas de estos grupos las que tienen más probabilidades de prosperar.

Entre todas ellas, la iniciativa más significativa es la subida de pensiones pactada entre el Gobierno y PNV, que para el grupo vasco constituye una de las condiciones irrenunciables para dar su apoyo al Presupuesto.

De incorporarse este cambio -articulado en varias enmiendas de PP y PNV-, las pensiones subirán un 1,6 % este año -un 1,35 % adicional al repunte del 0,25 % aplicado a principios de año-, salvo las mínimas, para las que las cuentas ya preveían un alza del 3 %.

Además, se aumentará la base de cotización de las pensiones de viudedad -al 56 % este año, cuando en los Presupuestos constaba un 54 %- y se retrasará la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, previsto para 2019, hasta el 2023.

Estas medidas tendrán un coste de 1.500 millones este año y 1.800 millones el próximo -cuando las pensiones subirán otro 1,6 % y se aumentará la base de las pensiones de viudedad al 60 %- y se sufragarán con un aumento de la dotación de las transferencias a la Seguridad Social de 1.333,9 millones y otra para clases pasivas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado esta semana que este importe podrá asumirse gracias a los ahorros en intereses de la deuda y el rescate de las autopistas, inferiores a lo presupuestado, así como con un impuesto a la economía digital.

PNV también ha exigido el relanzamiento de la agenda vasca, que en sus enmiendas se plasma en dotación para infraestructuras (27,5 millones), investigación y desarrollo (17,2 millones) y costas, medio ambiente y regadíos (15,2 millones).

Las propuestas del PP recogen una prórroga del plan Prepara para parados sin prestación, que vence la próxima semana, una mayor flexibilidad para el programa de garantía juvenil, la eliminación del mínimo para que los turistas extracomunitarios puedan solicitar la devolución del IVA de sus compras o la ampliación del régimen especial de trabajadores del hogar.

Ciudadanos, cuyas reivindicaciones están mayoritariamente incorporadas al texto, ha propuesto además bajar el IVA a zoológicos y parques de atracciones y ampliar las deducciones para autónomos, así como las relativas a inversiones en empresas de nueva creación.

Foro Asturias reclama inversiones en ferrocarril y carreteras y Coalición Canaria, 120 millones para luchar contra la violencia de género.

Las reivindicaciones de Nueva Canarias, cuyo voto es decisivo para la aprobación de las cuentas, incluyen una bonificación del 75 % de los billetes de avión y barco entre Canarias y la Península (actualmente es del 50 %), un programa de lucha contra la pobreza y estudiar el potencial geotérmico de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Más dificultades encontrarán las propuestas del PSOE, que plantea un ingreso mínimo vital con un coste de 2.400 millones, la ampliación a seis semanas del permiso de paternidad o la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años.

Unidos Podemos, por su parte, reclama subidas adicionales de pensiones, la puesta en marcha de un plan de renta garantizada para los hogares sin recursos o una mayor dotación para luchar contra la violencia de género.

ERC propone realizar las inversiones comprometidas con la red de cercanías de Cataluña o impulsar un cambio de modelo energético, mientras que PDeCAT aboga por relanzar las inversiones en la región y ampliar las partidas para infancia y dependencia.