Seydou, migrante que trabajaba en el campo: “Se aprovechan de que somos personas vulnerables y analfabetos"

Cientos de miles de migrantes son víctimas de explotación laboral y abusos de los derechos humanos en el campo europeo. Según un informe de Oxfam Intermón y la Universidad Pontificia Comillas, no se les paga el salario mínimo, trabajan a destajo con jornadas interminables, viven en condiciones precarias y sufren abusos.

Se calcula que son

, aunque en esa cifra no están incluidos los que no tienen papeles. Según las últimas estadísticas, son una de cada cuatro personas empleadas en el sector, pero en realidad podrían ser muchos más. El informe subraya una violación sistémica de los derechos de los trabajadores migrantes según la legislación laboral y de derechos humanos de la Unión Europea en los nueve países estudiados ( España, Italia, Grecia, Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia, Suecia y Finlandia).

“Queremos exponer la parte más vulnerable de la industria agrícola europea, que tiene como núcleo la explotación y el incumplimiento de la legislación europea”, afirma Carlos Ruiz, investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe. “Las personas migrantes se han convertido en un elemento estructural de la cadena agroalimentaria, y eso significa que los abusos que sufren son igualmente estructurales”.

En los nueve países examinados, las personas migrantes habitualmente reciben salarios inferiores al salario mínimo y las mujeres suelen recibir salarios todavía más bajos. Hay jornaleros tailandeses que trabajan entre 12 y 19 horas, seis días a la semana en los campos de Suecia, o migrantes a los que en Alemania les quitan gran parte de su salario a cambio de la comida o del agua.

Trabajar a destajo

En España, muchos viven hacinados o en chabolas. Ese era el caso de Seydou Diop. Llegó desde Senegal y estuvo tres años trabajando en el campo español y malviviendo en las calles de Albacete y en chabolas en Huelva: “Se cometen ilegalidades aprovechándose de las personas, de que tienen necesidad y son analfabetas. Es un trabajo a destajo, que requiere que la persona trabaje mucho para ganar algo. Luego tienen dolores por lo duro que es”. Seydou ahora ayuda a otros migrantes desde la asociación ASNUCI de Lepe, en Huelva.

Magdalena también sabe bien cómo es el trabajo en el campo. Es de origen polaco y es una de las tantas mujeres que cada día se levanta temprano para recoger la fresa (o lo que toque). Largas y duras jornadas, bajo el sol, bajo la lluvia: “En plena campaña las jornadas son interminables. Hasta que haya fruta, se trabaja. Es muy duro”. Aunque en sus 22 años dedicándose a ello, dice que ha visto ciertos cambios. “Antes era peor”.

El caso es que en todos los países que se han incluido en este estudio, se han encontrado situaciones muy similares a las de Seydou o Magdalena, situación de vulneración de derechos y explotación.

El informe concluye que los casos de abuso, incluido el abuso sexual, las técnicas de intimidación y la violencia en respuesta a las huelgas son comunes en el sector agroalimentario europeo. Los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular enfrentan un mayor riesgo de explotación debido a su situación laboral precaria.

Además, hay trabajadores que viven en asentamientos marginales improvisados, que carecen de agua corriente, electricidad, calefacción y recogida de residuos, y donde existe riesgo de enfermedades e incendios. Algunos trabajadores también se encuentran sin hogar. “En general, viven aislados. Queremos que se pasen las 8 o 10 horas recogiendo la fresa de Huelva o el melocotón de Lérida pero, cuando acaban de recoger la fruta, no queremos que formen parte de la realidad social, queremos que desaparezcan, que sean invisibles”, afirma Juan Castillo, investigador del instituto de estudios sobre migraciones de la Universidad Pontificia Comillas. “Son situaciones muy malas, fuera de todos los radares y, mires donde mires en Europa, es lo mismo”, finaliza Castillo.

La Unión Europea acordó recientemente las nuevas reglas de la cadena de suministro de los países miembros. Esta ley, la Directiva de debida diligencia corporativa (CSDDD), tiene como objetivo hacer que las empresas rindan cuentas por el daño que causan a las personas y al planeta.