Todo lo que debes saber sobre la nueva Ley de Residuos: cambios en la hostelería, contenedor amarillo y multas

El Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, una norma que, una vez sea aprobada definitivamente en ambas cámaras, supondrá que se produzcan algunos cambios destacados para el modelo actual de gestión de residuos.

En concreto, esta ley fija calendarios de recogida selectiva de biorresiduos (30 de junio de 2022 para los municipios con una población superior a los 5.000 habitantes y 2024 en el resto) y de residuos textiles (antes de 2025). Además, establece nuevas metas de reducción de desechos urbanos: en 2030, la generación deberá haberse reducido en un 15 % respecto a 2010.

La normativa también prohibirá desde su entrada en vigor que se comercialicen productos de plástico de un solo uso, como vasos, platos y cubiertos desechables, bastoncillos, palos para sujetar globos y pajitas hechas de este material, así como contenedores alimenticios y recipientes de poliestireno expandido, algo que debía haber ocurrido antes del 3 de julio de 2021, según la directiva europea.

¿Habrá alternativa al contenedor amarillo?

La ley no descarta que se establezca un nuevo modelo de recogida de envases de plástico inspirado en la costumbre de devolver en los comercios los envases vacíos tras haber consumido el contenido, a cambio de unos céntimos dejados en concepto de depósito a la hora de comprar el producto.

También se marcan objetivos para la recogida separada de botellas. En dos años, deberían recuperarse el 70% respecto al peso introducido en el mercado; y en 2027, el 85%. De no cumplirse estos objetivos, el texto plantea que se implante en todo el país un sistema de depósito, devolución y retorno de botellas de plástico y otros envases.

Imposiciones a hostelería, restauración y usuarios

Para lograr dichos objetivos de reducción de plásticos se establecen además nuevas obligaciones a los establecimientos de hostelería y restauración. Entre ellas, se indica en la normativa que deberán ofrecer a sus clientes y otros usuarios la posibilidad de consumir agua no envasada y gratuita.

Por otro lado, a partir del 1 de enero de 2023 los comercios minoristas de 400 metros cuadrados o más tendrán la obligación de destinar al menos un 20 % de su área de ventas a la oferta de productos "sin embalaje primario", ya sea a granel o con recipientes reutilizables.

El texto también plantea la posibilidad de prohibir liberar globos de plástico de manera intencionada en las playas y de sancionar con hasta 2.000 euros a quienes fumen en estos espacios, si las administraciones locales deciden regularlo así en sus ordenanzas municipales.

El dictamen contempla que los ayuntamientos "podrán regular las limitaciones de fumar en las playas" para frenar la generación de basura dispersa en el medio marino.

¿A qué hace referencia la normativa con el "derecho a reparar"?

El Proyecto de Ley de Residuos regula por primera vez el “derecho a reparar” mediante la obligación de los comerciantes y plataformas de comercio electrónico de incluir información sobre cómo arreglar los productos ofertados en caso de que se estropeen, así como sobre “las características del producto que permitan evaluar las posibles prácticas de obsolescencia prematura”.

Por otro lado, los residuos "susceptibles de ser preparados para reutilización o reciclados" no podrán destinarse a incineración, independientemente de que ese proceso se aproveche para generar energía. Se potenciarán además las redes de preparación para la reutilización y de reparación y se apoyará el establecimiento de las mismas, "especialmente cuando se trate de entidades de economía social autorizadas para gestionar residuos".

Los objetivos de reducción de residuos que se pretenden alcanzar con esta ley

La Comisión Europea, en su Paquete de Economía Circular, pide que en 2025 se recicle al menos un 65 % de los envases comercializados, así como un 75 % del papel y el cartón, un 50 % de los residuos plásticos y de aluminio, un 70 % de los metales ferrosos y residuos de vidrio y un 25 % de la madera.

Bajo la premisa “quien contamina, paga”, la Ley fijará nuevas tasas a partir de enero de 2023: un impuesto sobre el vertido e incineración, y otro que gravará la producción de plásticos con 0,45 euros por kilogramo de este material en los productos.

Y... sobre la retirada del amianto

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos tendrán que presentar un censo del amianto presente en infraestructuras públicas y también un calendario sobre su retirada, que deberá estar gestionada en 2028, a más tardar.

Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, "las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a gestor autorizado", reza el texto.