¿Y ahora, qué? El embrollo judicial que condiciona la extradición de Puigdemont

Tras la detención de Carles Puigdemont a última hora de este jueves en Cerdeña, se abre un panorama judicial complejo, en el que entran en juego múltiples factores. La detención ha tenido lugar por las autoridades italianas, debido a la orden internacional puesta en marcha por el Tribunal Supremo y apenas dos meses después de que, el 30 de julio, la Unión Europea le retirara la inmunidad parlamentaria que le protegía.

¿Cuáles son los pasos a seguir tras la detención?

Este viernes, Carles Puigdemont pasará a disposición judicial de la Corte de Apelación de Sasser, que será quién se pronuncie sobre su puesta en libertad o sobre su posible extradición, según ha asegurado la oficina del expresidente de la Generalitat. Según las fuentes consultadas por COPE, los tribunales italianos tendrán 60 días para decidir sobre dicha extradición, y mientras podría quedar en libertad con medidas cautelares o permanecer en prisión. Por su parte, el Tribunal Supremo se pondrá este viernes en contacto con las autoridades italianas ya que la comunicación de la detención no se ha hecho hasta ahora por los canales oficiales.

¿Qué ocurre con la euroorden de detención?

El 14 de octubre de 2019, el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, dictó una orden europea de detención y entrega (euroorden) cursada por el Tribunal Supremo por un delito de sedición, una orden que nunca ha dejado de estar vigente, según fuentes oficiales del Tribunal Supremo pese a que en mayo de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) admitiera a trámite la cuestión prejudicial planteada por Llarena sobre las euroórdenes cursadas contra Puigdemont, Ponsatí y Comín que Bélgica rechazó.

Llarena centró su petición de asesoramiento en la decisión de la justicia belga de denegar la entrega del 'exconseller' Lluís Puig al entender que el órgano competente para instruir la causa en España no era el Supremo sino un tribunal catalán y que su entrega pondría en peligro derechos fundamentales del reclamado, como el de la presunción de inocencia. El magistrado español puso en duda que esas resoluciones fueran compatibles con el Derecho de la Unión, basado en la confianza entre los Estados miembros, por lo que decidió elevar varias cuestiones al TJUE antes de volver a instar su entrega.

Por el contrario, su abogado, Gonzalo Boye, ha apuntado que la eurooden sí se encuentra suspendida tras esta petición de Llarena. "Esta detención es en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida", eran las palabras de Boye en Twitter. En efecto, el auto del TJUE señala que “nada” permitía “considerar” que las autoridades judiciales belgas o las de “cualquier otro estado miembro” pudieran “ejecutar las órdenes de detención europeas” dictadas contra los eurodiputados independentistas y “entregarlos a las autoridades españolas”. Las “autoridades españolas” –sin citar cuáles– indicaron “expresamente” que hasta que no se resolviera esa pregunta de Llarena, “la ejecución de las órdenes de detención también ha sido suspendida”.

Fuentes consultadas por Europa Press recuerdan sin embargo que todas las ODEs siguen vivas en todos los territorios de Europa y que además la cuestión prejudicial planteada por Llarena al TJUE no influye en este caso porque solo se refería a aclarar una cuestión concreta sobre la decisión que adoptó Bélgica, y que nada tiene que ver con lo que vaya a hacer Italia. Las fuentes consultadas recuerdan que en la cuestión remitida al TJUE, Llarena dejaba claro que ni si quiera en el caso de Bélgica -país donde permanecía huido Puigdemont- se suspendía la euroorden, sino que lo dejaba al libre albedrío de las autoridades belgas competentes.

En caso de extradición, ¿qué le espera en España?

Si desde Sasser tomaran la decisión de entregar al expresidente a las autoridades españolas, este llegaría a nuestro país con un juicio pendiente con el Tribunal Supremo, debido a que en 2018 fue procesado por delitos de rebelión y malversación junto al resto de líderes independentistas. De ser extraditado debería rendir cuentas pendientes con la justicia española. ¿Y cuál podría ser su condena? Su vicepresidente, Oriol Juqueras, fue condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación por su "dominio" del procés. No fue, eso sí, condenado por rebelión. El tribunal reconoció que hubo violencia en el plan secesionista "pero sin la violencia necesaria".

¿Existe un delito de "sedición" en las leyes italianas?

Italia no tiene un delito similar a la sedición. Según "El País", el más parecido es un delito de subversión del orden democrático que es el que se ha aplicado a terroristas fascistas (270 bis del código penal). Esto podría jugar a favor de Puigdemont,

¿Qué fichas puede mover Puidgemont?

Puigdemont podrá solicitar de nuevo medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar de recuperar su inmunidad como eurodiputado y parar su extradición a España. Puigdemont recurrió el pasado mayo a la Justicia europea la decisión del Parlamento europeo de suspender su protección parlamentaria para que pudiera ser juzgado en España y el Tribunal europeo está aún examinando el recurso, aunque en julio le negó las medidas cautelares que solicitó para recuperar la inmunidad parlamentaria mientras se resolvía el caso.

El Tribunal con sede en Luxemburgo, sin embargo, avisó en el auto con el que negó las cautelares de que tal decisión se limitaba a las medidas temporales y que Puigdemont podría interponer una nueva demanda si el perjuicio alegado -su detención durante un viaje como eurodiputado-- resultara suficientemente probable. Por tanto, el TJUE podría devolver la inmunidad a Puigdemont tras su detención e Italia estaría obligado a dejarlo en libertad.

El abogado de Puigdemont, como ya hemos señalado, mantiene además que la euroorden contra su representado estaba suspendida tras la petición de asesoramiento del juez Llarena al TJUE.

¿Puede Italia rechazar su extradición?

Podría hacerlo y ya hay antecedentes. En 2018, la Policía alemana localiza a Puigdemont cuando cruzaba la frontera en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica, donde había establecido su residencia. El expresident ingresa en la cárcel de Neumünster. La Fiscalía alemana solicitó la extradición de Puigdemont a España, pero el Tribunal de Schweslig Holstein rechazó que hubiera cometido el delito de rebelión en España y le dejó en libertad bajo fianza de 75.000 euros. En julio de este año, el mismo tribunal rechazó el delito de rebelión pero sí aceptaba extraditar a Puigdemont por malversación. Sin embargo, el juez Llarena lo rechaza porque eso impediría juzgarle por el delito más grave.

En 2019, la Justicia belga dejó también en suspenso la orden de detención europea dictada por Pablo Llarena contra Puigdemont y Comín. El juez que debía resolver si acordaba su entrega a España considera que ambos gozan de la inmunidad que les otorga su acta de eurodiputados. Dicha inmunidad, ahora mismo, ha decaido pero la cuestión prejudicial aún no está resuelta.

Curiosamente, Puigdemont viajó sin ser detenido el sábado pasado al sur de Francia, a Prats de Molló, para participar en un acto donde recibió la Medalla Carrasco i Formiguera que entrega la formación independentista Demòcrates de Catalunya.

¿Por qué Francia no detuvo a Puigdemont el pasado fin de semana e Italia sí?

El embrollo judicial ha podido propiciar que los países de la UE no sepan cuál es la situación actual de Puigdemont y si procede o no su detención. Tampoco desde España se avisó a las autoridades francesas de que el líder independentista podría ser detenido en virtud de la posición tomada por el Tribunal Supremo.

En caso de ser juzgado y condenado en España, ¿podría el gobierno indultarle?

Este año, el Gobierno de Sánchez acordó conceder los indultos a los nueve condenados del juicio del procés que permanecían por entonces en prisión, alegando que existen para ello “razones de utilidad pública”, en aras de “restablecer la convivencia y la concordia” en toda la sociedad y de devolver a Cataluña la “prosperidad” perdida. Si Puigdemont entrara en prisión, sería el único líder del 'procés' en la cárcel. El Gobierno podría también indultarle, aunque primero tendría que cumplir al menos un tercio de su condena entre rejas.