Ex alto cargo del Govern: Puigdemont dijo que el 1-O lo pagarían particulares

El que fuese número dos de Santi Vila en la Consellería de Empresa ha salido en su defensa al asegurar que siempre les prohibió que destinasen un euro público al 1-O, y ha afirmado: "Él me comentó que el presidente de la Generalitat le había dicho que el 1-O se financiaría con donaciones de particulares".

Pau Villoria ha sido uno de los últimos cuatro testigos que ha declarado este jueves ante el Tribunal Supremo, en su caso a petición del exconseller de Empresa Santi Vila, que según él, le indicó expresamente que no se iniciase ningún expediente de gasto relacionado con el 1-O.

El testigo ha comentado que Vila le pidió "de forma reiterada" que "velase y garantizase" para que nadie en el departamento iniciase un expediente relacionado con el referéndum, declarado ilegal.

Tanto él como otros testigos de la defensa han restado valor al acuerdo de gasto solidario de principios de septiembre de 2017 con el que los consellers se comprometían a tomar decisiones de forma colectiva y colegiada. Según Villoria, Vila le comunicó que era "una decisión política" y le indicó que "bajo la cobertura del mismo" no se incurriese en gastos relacionados con el 1-O.

Algo similar ha dicho una subordinada de la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs, para quien era "un acuerdo más político" y además "bastante inviable" de aplicar porque las competencias en contratación son exclusivas de los consellers, aunque algunos las tenían delegadas en sus subordinados.

Josefina Valls, entonces directora de servicios de Gobernación, ha señalado que en el departamento "no se tramitó ningún expediente" relacionado con el 1-O ni se cedió ningún local para su celebración.

Además, ha recordado que el 17 de julio de 2017 el Govern decidió traspasar las competencias del área de procesos electorales de Gobernación a Vicepresidencia, a cargo de Oriol Junqueras.

Las declaraciones de los testigos de hoy, solicitados por ambos exconsellers, y las de varios de los que comparecieron ayer a petición del exconseller de Justicia Carles Mundó han ido en la misma línea: el procedimiento de contratación era reglado y electrónico y nadie podía intervenir sin que así quedase fijado en el sistema.

El delito de malversación por el que están acusados Borràs, Vila y Mundó es el que conlleva más pena. La Fiscalía pide por este delito 7 años, más una condena de inhabilitación por desobediencia.