Un año del pacto del abrazo entre Sánchez e Iglesias: injerencias, división y una crisis sin precedentes

Este martes 10 de noviembre se cumple un año de las últimas elecciones generales celebradas en España, comicios que dieron la victoria a Pedro Sánchez y con los que se abrieron una nueva etapa política en nuestro país.

Aquella cita electoral dejó muchos titulares, entre ellos la necesidad de Sánchez de buscar apoyos en otras fuerzas políticas para poder seguir en el Palacio de la Moncloa. Para ello, el líder socialista miró a su izquierda para buscar en Unidas Podemos y en Pablo Iglesias su principal socio de investidura. También, Sánchez se apoyó en diversos partidos políticos cuya principal esencia política se centra en el nacionalismo.

Pero, después de unos meses de importante convulsión política en nuestro país por las dos investiduras fallidas a las que se enfrentó Sánchez, la nueva etapa política en nuestro país comenzaba pocas horas después, cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron el pacto de investidura por el que el líder de la formación morada entraba de lleno en el Gobierno.

Aquel momento en el Congreso de los Diputados, ratificado con un abrazo entre ambos líderes políticos, era el comienzo de una nueva era gubernamental que en sus doce meses de historia ha estado teñida por ciertas polémicas y sobre todo por una palabra: covid-19, la pandemia que ha puesto en más de una ocasión en duda la gestión del Ejecutivo en esta crisis sanitaria, social y económica que ha provocado un duro revés a nivel mundial, pero de forma particular ha afectado en gran medida a la población española.

En un año de Gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias han sido varios los asuntos que han provocado cierto debate crítico en la sociedad española. Doce meses de gestión gubernamental marcada por algunas decisiones que han suscitado cierta división en la sociedad española.

Gestión de la crisis provocada por la pandemia

Los mayores esfuerzos del Gobierno de Pedro Sánchez durante este primer año se han centrado en la crisis provocada por la covid-19 en nuestro país, que ha dejado a España con cifras récord de contagiados y fallecidos a nivel europeo y con una situación económica al borde del colapso.

En cuanto a la vertiente sanitaria son varias las polémicas que han marcado el ritmo de la gestión desde el pasado mes de marzo, empezando por la celebración de la manifestación feminista del pasado 8 de marzo, en días previos a la declaración del estado de alarma. Varias semanas después se conoció que el Gobierno disponía de información sobre el peligro de esta concentración social en las calles de Madrid, e incluso la ministra de Igualdad, Irene Montero denunció en una conversación grabada por la Televisión Pública Vasca que eran conscientes de los riesgos que estaban corriendo en una manifestación que terminó con su positivo en coronavirus y con el de otros miembros del Gobierno como Carmen Calvo.

Desde el Ministerio de Sanidad también hay ciertos datos que han suscitado debate en nuestra sociedad como por ejemplo el no uso obligatorio de mascarillas al comienzo de la pandemia, el número real de test que se hacían en nuestro país, la compra de material sanitario defectuoso a China a precios muy elevados, la invención de un comité de expertos para el seguimiento de la crisis y sobre todo, por encima de todos, el desfase en el número real de fallecidos a causa de la covid-19 entre el registro del Gobierno y el realizado por otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadística o el MOMO.

Otro dato crítico de la gestión de la pandemia es el impacto que ha tenido en las residencias de ancianos, siendo uno de los colectivos más vulnerables y afectados por la pandemia desde el pasado mes de marzo y sobre las cuales los últimos datos arrojados apuntan a que más de 20.000 personas han perdido la vida en residencias a causa de la covid-19.

La gestión económica de la pandemia también es otro punto a analizar. España registra datos muy negativos en cuanto a su situación económica y también respecto a su futuro. Algunos de sus sectores más importantes, como el turismo y la hostelería, se han visto fuertemente afectados por las medidas de restricción impuestas por el Gobierno. Además varios estudios apuntan a que España es el país que menos ayudas ha dado a sus empresas para afrontar los efectos de la crisis.

Desde Bruselas, las previsiones que auguran para España no son nada halagüeñas y señalan que nuestro país es el que más difícil lo tendrá para poder superar la crisis. Según las nuevas proyecciones de Europa, la economía española experimentará repuntes en los dos años siguientes y se expandirá un 5,4 % en 2021 (siete décimas menos que en la anterior previsión).

Todo ello dentro de una panorámica marcada por los importantes datos de desempleo, sobre todo el juvenil, y por el continuo cierre de negocios, inscripciones de trabajadores en ERTE y empresas en concursos de acreedores. La tasa de paro en los últimos tres meses ha subido hasta el 16,3%, 2,3 puntos más que hace un año, con 355.000 desempleados más, el mayor incremento desde el primer trimestre del 2012. Así, la cifra total de parados queda en 3.722.900 personas.

De forma paralela, el Gobierno de Sánchez ha presentado en las últimas semanas unos Presupuestos Generales del Estado, necesarios para conseguir los Fondos de Reconstrucción otorgados por Europa, que están marcados por la importante subida de impuestos que prepara el Ejecutivo y que como señalan los expertos afectará de lleno a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas.

En materia económica, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido una de las medidas estrellas aprobadas por PSOE y Unidas Podemos para combatir la crisis de la covid-19. Sin embargo, el gran número de damnificados ha provocado el colapso del Servicio de Empleo Estatal (SEPE) que se ha traducido en que muchas personas que han solicitado el ERTE no hayan percibido todavía la presentación aprobada en marzo.

Los teléfonos y la web para pedir cita se han convertido en un camino sin salida para muchos trabajadores. Al margen del contestador automático, es misión imposible que una persona pueda atenderte telefónicamente. Así lo han denunciado durante los últimos meses varios perjudicados y los propios sindicatos, que critican la falta de personal para tal volumen de trabajo. Los retrasos se acumulan y muchos llevan meses a la espera de que el Ministerio de Seguridad Social les atienda.

El vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, en las últimas entrevistas concedidas a diversos medios ha señalado que es una “vergüenza” que haya personas en tal situación, y ha apelado directamente al Ministerio de Trabajo de José Luis Escrivá, con quien ha mantenido más de una tensión por los plazos y la extensión que debían tener estas ayudas públicas.

Concesiones al independentismo

El papel de las fuerzas independentistas en el Gobierno de Sánchez está siendo una de las piezas claves, que en algunas ocasiones está siendo tapada por la pandemia. Sánchez se apoyó en el independentismo para poder llegar al Palacio de la Moncloa y a cambio acordó la creación de una mesa de negociación para tratar la causa nacionalista en Cataluña, mesa de la que solo se ha celebrado un encuentro por el estado de alarma.

El trato gubernamental que se ha dado a los políticos en prisión, por el referéndum ilegal del 1 de octubre, también ha sido objeto de debate, ya que desde la cúpula del Consejo de Ministros se ve con buenos ojos la reforma del delito de sedición y rebelión y que de forma directa supondría una rebaja de las penas en prisión que cumplen los líderes independentistas catalanes. Además del posible indulto que ha sido contemplado en más de una ocasión en la esfera gubernamental.

Por último, el Gobierno se habría comprometido a hacer una transferencia de más de 750 millones de euros a Cataluña en los próximos Presupuestos Generales del Estado, lo que supondría un nuevo guiño al independentismo a cambio del apoyo recibido en el Congreso de los Diputados para sostener la legislatura de Sánchez.

Ley Celaá y sus polémicas medidas

La tramitación de la Ley Celaá no para de darnos sorpresas. Alejada del mínimo consenso se está convirtiendo en un cajón de sastre donde se recogen la limitación efectiva de la libertad de educación, el acoso a la escuela concertada y la imposición de una ideología oficial. Uno de los principales puntos de esta medida es a la educación concertada, donde será la administración la que regulará el acceso de los alumnos a centros públicos y privados concertados. Pero también la asignatura de Religión sale damnificada de esta norma, ya que se elimina la obligación de cursar una materia alternativa y su calificación no se tendrá en cuenta en la nota medida para becas o los procesos de acceso a la universidad.

Los centros específicos para educación especial también son los grandes afectados de estas medidas, ya que el Gobierno prepara un plan para que los centros ordinarios tengan los recursos necesarios para atender a los alumnos con alguna discapacidad, algo muy criticado desde diferentes asociaciones de personas con discapacidad al denunciar que este colectivo necesita unas atenciones muy precisas que no pueden darse a través de la educación ordinaria.

El debatido papel del Gobierno respecto a la Justicia

El papel del Gobierno respecto a la Justicia tiene varias aristas que deben ser analizadas por la gran cantidad de críticas que existen al respecto. El primero es el nombramiento de Dolores Delgado, ministra de Justicia en la primera etapa de Sánchez, como Fiscal General del Estado. Los partidos de la oposición vieron en este nombramiento un puente directo entre el Gobierno y la Fiscalía General, que, como denunció el Partido Popular, "sitúa al Ministerio Fiscal al servicio del Gobierno bajo su dependencia y con plena subordinación".

El pasado mes de octubre se hizo pública la intención del Gobierno de modificar el proceso de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, una medida que volvió a introducir en el debate parlamentario el papel del Gobierno respecto a la Justicia.

La proposición del PSOE y Unidas Podemos para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) busca que el Congreso y el Senado puedan elegir a los seis vocales que corresponden a cada cámara con mayoría absoluta en segunda votación, 48 horas después de una primera en la que se mantendría la mayoría de tres quintos. Por tanto, el Gobierno pretendía rebajar el porcentaje de diputados y senadores necesarios para nombrar en el Congreso y el Senado a los doce miembros de órgano judicial.

Mediante este procedimiento, el Gobierno eludirá la presentación de informes del propio CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, y de esta forma se acelerará el proceso y evitará que alguno de estos órganos se muestre contrario a la aprobación. Tanto los partidos de la oposición, e incluso de formaciones que apoyan la coalición, como diferentes asociaciones judiciales se han mostrado contrarios a esta medida, ya que va en contra de la independencia judicial y deja en manos del Gobierno la elección de los jueces, algo que incluso la Constitución regula para conseguir la independencia de este organismo.

El papel de Grande-Marlaska en el cese de varios altos cargos de la Guardia Civil

Considerada la mayor crisis vivida dentro del Cuerpo desde Luis Roldán. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a facilitar al ministro información sobre las pesquisas judiciales sobre el 8-M abrió una importante crisis dentro de la Guardia Civil marcada por el cese de importantes cargos de la benemérita y también por otras destituciones realizadas desde la cartera de Fernando Grande-Marlaka. Entre alguna de las dimisiones más sonadas estuvo la del Número dos del Cuerpo, el general Laurentino Ceña. Desde varias asociaciones de Guardias Civiles y sindicatos se denunció que el ministro del Interior estaba traspasando las líneas rojas de su gestión e incluso se pidió su dimisión al frente del Ministerio.

Política Internacional: la derrota de Calviño en el Eurogrupo y los aranceles de Estados Unidos

Las aspiraciones de Nadia Calviño por convertirse en próxima presidenta del Eurogrupo se esfumaron tras el nombramiento del candidato irlandés, Paschal Donohoe, el pasado mes de julio. Este nombramiento puso el foco de atención en la desconfianza que las políticas de Sánchez e Iglesias provocan en Bruselas, basadas en medidas populistas y apoyadas en partidos nacionalistas e independentistas. La derrota de Calviño supuso un duro golpe diplomático para España en su intento por recuperar influencia en las altas esferas comunitarias, donde está por debajo de otros grandes países de la UE.

A esta derrota en Europa también se debe añadir el varapalo para nuestra economía respecto a Estados Unidos, donde los productos españoles se han visto afectados de lleno por los aranceles impuestos por la Administración Trump, sobre todo la aceituna y el aceite de oliva. España espera que estas restricciones se alivien con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el próximo mes de enero.

Críticas de Podemos a la Corona y el silencio de Sánchez

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, así como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, protagonizaron a través de las redes sociales varios ataques contra la figura de Felipe VI y la Monarquía después de que el Rey llamase al presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Lesmes, lamentando su ausencia en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Ataques que Pedro Sánchez nunca ha denunciado de forma directa.

Desde el Gobierno en un comienzo no quisieron hacer valoraciones sobre el veto impuesto al monarca en este acto, aunque tras las críticas de la oposición y preguntado por los medios, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explicó que el veto impuesto se debía a la proximidad de la resolución judicial de Quim Torra, investigado por desobediencia al poner lazos amarillos en plenas elecciones.

A este capítulo de críticas se une la polémica que tuvo lugar durante el segundo día del debate de investidura el pasado mes de enero. La protagonista, Mertxe Aizpurua, la portavoz del grupo parlamentario de EH Bildu, que profirió críticas al Rey, Felipe VI, por sus palabras sobre el discurso hecho el 3 de octubre de 2017, después del referéndum ilegal celebrado en Cataluña. La portavoz abertzale sostuvo que fue una intervención basada en el autoritarismo y lo hizo responsable de apelar “a conformar un bloque capaz de ahondar en la contrarreforma autoritaria”.

Las críticas fueron sonadas por los principales grupos constitucionalistas de la Cámara Baja. PP, Ciudadanos e incluso Vox pidieron la retirada de esas palabras, algo que no consideró oportuno la presidenta de la cámara, la socialista Meritxell Batet, quien defendió que estar intervenciones eran parte de la “libertad de expresión”.

División entre PSOE y Podemos en el Consejo de Ministros

La división de opiniones entre las dos principales fuerzas de la coalición ha sido patente durante estos doce meses. Algunas de las medidas económicas planteadas en el programa de la formación no son vistas con buenos ojos por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que no ha dudado en dejar fuera a Iglesias de ciertos temas de trascendencia como la fusión entre Bankia y CaixaBank. También la gestión de la pandemia ha provocado ciertos choques entre el lado de Pedro Sánchez y el de Pablo Iglesias, situación que provocó que el propio ministro de Sanidad tuviera que salir a rectificar, acompañado de Iglesias, cuando se comenzó en primavera con la desescalada por las franjas horarias para que la gente pudiese salir.

Otro de los puntos importantes de choque entre Iglesias y Sánchez fue la salida del Rey Juan Carlos de España, algo que el líder socialista ocultó a Pablo Iglesias y que este mismo le reprochó en una entrevista televisiva. Por último, otros ministros como Margarita Robles, han corregido al vicepresidente de Asuntos Sociales, por ejemplo cuando desde las filas de Unidas Podemos se criticó el papel de la prensa y se atacó de forma directa a ciertos periodistas como Vicente Vallés.

Un Gobierno marcado por el número de ministerios

El acuerdo de Sánchez e Iglesias para la investidura del líder socialista derivó en la creación de un Ejecutivo marcado por el amplio número de ministerios, hasta 23. Este Gobierno es el mayor de la democracia desde la dimisión de Adolfo Suárez en 1981, dejando muy atrás los Ejecutivos de José María Aznar, con 15 carteras, y el de Mariano Rajoy, con 14 administraciones ministeriales.

El líder socialista también creó varias vicepresidencias, entre ellas la de Asuntos Sociales para ser dirigida por Pablo Iglesias. Además se crearon ciertos ministerios para poder incluir a ministros de Unidas Podemos en el Ejecutivo, como es el caso de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, y el de Universidades, controlado por Manuel Castells y que en este año de mandato se ha puesto en duda en más de una ocasión su funcionalidad, ya que durante gran parte de los meses más duros del primer estado de alarma su ministro ha estado desaparecido.

Adelanto del Consejo de Ministros a los martes

Fue una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno de coalición tras la toma de posesión de todos sus ministros, y también la primera polémica del nuevo Ejecutivo. Hasta el momento, los Consejos de ministros prácticamente siempre se habían celebrado los viernes, pero Sánchez decidió romper esta tendencia. En una carta dirigida a todos los ministros, la decisión de adelantar el cónclave era con el único fin de “anticipar y programar” toda la agenda del Gobierno, pero la oposición entendió este movimiento como un intento de obstaculizar su trabajo. Con este nuevo calendario, Sánchez por un lado consigue mayor margen para marcar agenda y menos tiempo para que la oposición pueda registrar preguntas, o nuevas proposiciones, en el Congreso.

El encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez en Barajas

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos fue centro de todas las miradas tras el encuentro que protagonizó con la número de dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el Aeropuerto de Barajas. La vicepresidenta del Régimen de Maduro tenía prohibido la entrada en el Espacio Schengen y mucho menos pisar suelo español, por lo que el encuentro se habría celebrado fuera de la legalidad. Además existen muchas incógnitas sobre la duración del encuentro, el contenido de la reunión y el equipaje de Rodríguez, algo que provocó que incluso el propio Ábalos se contradijera a sí mismo en las jornadas posteriores, dando varias versiones sobre los hechos acaecidos en Barajas aquella noche de febrero.

Derogación de la Reforma Laboral de Rajoy durante el estado de alarma

Durante el debate en el Congreso de los Diputados para prorrogar el pasado estado de alarma hasta el 7 de junio, la portavoz de EH Bildu hacía público un acuerdo con el Partido Socialista y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy, aprobada en el año 2012, a cambio de que el partido nacionalista no bloquease una nueva prórroga del estado de alarma.

Esta decisión provocó cierta tensión en el Congreso de los Diputados, ya que se había realizado de forma secreta entre las tres fuerzas parlamentarias que firmaron el acuerdo. Incluso el Partido Socialista tuvo que publicar un comunicado pocas horas después matizando algunos puntos del pacto. Pero las críticas no llegaron solo por parte de los partidos de la oposición, también dentro de las filas gubernamentales, ya que figuras importantes del Consejo de Ministros como Nadia Calviño se mostró contraría a acelerar los plazos de la derogación en un momento de importante inestabilidad económica por la crisis de la covid-19.

Enchufes de Sánchez en la administración pública

En junio de este año hemos conocido que se ha creado un nuevo puesto dentro de la dirección general de Transportes, dependiente del ministerio que lidera José Luis Ábalos, para colocar a un amigo personal del presidente Sánchez: Iñaki Carcinero.

Esto provocó que la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) lanzase una nueva alarma a la ya lanzada en enero, cuando presentó un recurso contra la designación de 23 excepciones en el Real Decreto de Estructura. Todas estas nuevas designaciones están directamente relacionadas con el círculo más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En las últimas semanas el diario ABC ha desvelado nuevos nombres del núcleo de confianza del presidente del Gobierno que han recibido un puesto en la administración pública.

Caso Dina y supuesta financiación ilegal: las polémicas judiciales de Iglesias y Podemos

Son varios los asuntos que Iglesias y su formación han protagonizado en los últimos meses con la Justicia. Por un lado está el caso Dina y el supuesto papel que Iglesias jugó en la eliminación de la tarjeta SIM de su asesora tras haber denunciado su robo. Y por otro lado está el caso de la supuesta financiación ilegal de Podemos investigada en el caso Neurona, que fue archivado el pasado mes de octubre, pero que provocó un auténtico revuelo en el seno de la formación morada a raíz de la denuncia del que fue abogado de Podemos, José Manuel Calvente.

Nueva Ley de Memoria Democrática para ampliar la de Memoria Histórica

El Gobierno anunció en los primeros instantes de este curso político la creación de la Ley de Memoria Democrática, que amplía la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa con la moción de censura del año 2018, el Gobierno de España ha centrado gran parte de sus esfuerzos en lo que desde el Ejecutivo señalan como "una deuda pendiente" con la sociedad española, y que de una manera u otra se tradujo con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos el pasado año.

Algunas de las medidas más destacadas de esta nueva ley, defendida por la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, son la Ilegalización de la Fundación Franco, censurar cualquier tipo de enaltecimiento de la dictadura, dar nulidad legal a los juicios franquistas, exhumación de fosas comunes, mayor rango de defensa a las víctimas del franquismo, revocación de condecoraciones o títulos otorgados a raíz del régimen, conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil y mayor labor pedagógica sobre la Memoria Histórica en el sector educativo.

La gestión del superávit de los ayuntamientos por parte del Gobierno

La intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para transferir al Gobierno el dinero de los ayuntamientos con superávit no salió adelante. Este acuerdo fue pactado en el seno del Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, por el que los ayuntamientos que tuvieran las cuentas en positivo harían una transferencia de 14.000 millones de euros en total al Estado para atajar la crisis provocada por la covid-19, un dinero que se recuperaría a través de un préstamo con una duración comprendida entre los 10 y los 15 años. En este sentido, la medida no salió adelante en el Congreso de los Diputados y esta derrota fue entendida como la primera del Gobierno Sánchez en la Cámara Baja y clave para la negociación de los futuros Presupuestos Generales del Estado.

Acercamiento de los presos de ETA

El Gobierno de Sánchez ha sido uno de los Ejecutivos que mayor número de presos de ETA ha acercado al País Vasco y Navarra. Con especial acento lo ha hecho durante este mes de octubre, cuando buscó el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para aprobar sus próximas cuentas públicas. La cifra acumulada durante este mes duplica la de septiembre, y suma más incluso que todos los autorizados durante 2018 y 2019. En los dos últimos años, desde que Sánchez venciese la moción de censura a Rajoy, se han concedido este permiso a 85 presos, muchos con delitos de sangre. Actualmente hay cerca de 200 presos pendientes de que Instituciones Penitenciarias revise sus casos.

Supresión del Castellano como lengua vehicular

Es una de las medidas más polémicas comprendida dentro de la conocida como 'ley Celaá' y que evita en su texto que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza y también que aparezca como lengua oficial del Estado. La medida fue ratificada a principios de este mes de noviembre con los apoyos de Partido Socialista, Unidas Podemos y ERC. Esta decisión ha sido denunciada por varios colectivos del sector de la educación y también por los partidos de la oposición, que han informado que presentarán recursos en el Tribunal Constitucional ante una medida que pone en serio riesgo el futuro del castellano en las aulas de nuestro país.

Esta propuesta implicaría acabar con los derechos lingüísticos y limitar el ejercicio de la profesión docente rompiendo el principio de la igualdad de todos ante la ley. Si el proyecto de la ministra Celaá se convierte en realidad, es parte del precio que paga el Gobierno por el apoyo de los partidos que le sostienen y se acabará convirtiendo en la peor legislación educativa de nuestra democracia.

Comité de la Desinformación

Una de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno ha sido el conocido como Comité de la Desinformación, la puesta en marcha de un procedimiento de actuación para vigilar la propagación de noticias falsas en nuestro país. Esta institución estaría controlada por la Moncloa y sus máximos responsables serían el jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, y por el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Desde la oposición y desde diversos colectivos de editores se ha criticado esta decisión, ya que a su juicio es un control que ataca de lleno a la libertad de opinión y de prensa en nuestro país.