Los chantajes que derribaron a Cifuentes

Cristina Cifuentes presentó este miércoles su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Pese a atrincherarse en una férrea defensa, asegurando que ella no había cometido ninguna ilegalidad y que toda la responsabilidad recaía en la Universidad, la publicación de un vídeo que la acusaba de un supuesto hurto en un supermercado en 2011 acabó por derribarla. Una humillación pública, un escarnio sonrojante que la propia Cifuentes atribuyó a "una campaña de acoso y derribo" contra su persona durante la rueda de prensa en la que anunció su salida. 

La propia dirigente destacó que el vídeo  "ya se conocía" desde hace tiempo, que "circulaba en las redacciones" desde su etapa como delegada del Gobierno, y que recoge "exclusivamente" un "error involuntario". "Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por importe de 40 euros; me lo dijeron a la salida, los aboné en su momento y el asunto no tuvo mayor trascendencia", explicó. 

"A mí me han espiado y me han intentado chantajear", aseguró sin titubeo. Lo cierto es que la Ley de Seguridad Privada y la Ley de Protección de Datos determina que las grabaciones de seguridad deben ser eliminadas en el plazo máximo de un mes, salvo que el equipo de seguridad vea delito o incidencia, momento en el que debe comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. También se conservan si son requeridas policial o judicialmente, hasta que los agentes las recojan, según las fuentes. Las imágenes se graban en discos duros que normalmente tienen capacidad para varios días y, si no hay incidentes, cuando se acaba esa capacidad se graba encima, sobre las imágenes antiguas. Solo el vigilante que ve las cámaras, el jefe de seguridad y el dueño del local pueden tener acceso a las imágenes, que deben ser custodiadas sin que nadie más acceda a ellas y por supuesto sin grabarlas ni difundirlas.  Las fuentes coinciden en que, si Cifuentes abonó las cremas en aquel momento, lo normal es que no haya denuncia y por tanto las imágenes difundidas deberían haber sido borradas entonces, y por supuesto no difundidas. 

Los medios nacionales arrojan algo más de luz a las maniobras ocultas que han posibilitado la caída de Cifuentes a través de este vídeo. Según informa este jueves el periodista Carlos Hidalgo en ABC, "en invierno de 2017 un empresario con intereses en la Comunidad llama a la puerta de algunas redacciones de cabeceras nacionales. Ofrece a sus máximos responsables documentación sobre la vida privada de Cristina Cifuentes, que la dejarían mal parada. O, al menos, esa era la intención del entorno hostil de la presidenta, que pretendía así hacer un cambalache con cabeceras críticas hacia su antecesor: «Te paso esta información a cambio de que dejes de publicar cosas sobre el asunto del ático de Estepona de Ignacio González». Entre el material, hay pantallazos de un vídeo en el que se ve a Cifuentes, entonces adalid de la lucha de los populares contra la corrupción, pillada «in fraganti» robando en un centro comercial. El empresario no consigue llegar a ningún acuerdo.

RUMORES SOBRE CIFUENTES DESDE HACE MUCHOS AÑOS 

Carlos Hidalgo señala que ya en 2003 existían rumores sobre Cifuentes, "desde asuntos privados sin base alguna al de una supuesta cleptomanía que explicaría que desaparecieran pendientes, perfumes y prendas de ropa de algunas alumnas del Colegio Mayor Antonio Caro, que dirigió Cifuentes entre 1995 y 1999. Incluso se habla de las denuncias policiales de dos de las afectadas, que habrían sido retiradas posteriormente. En 1999, una asamblea de estudiantes acusó en público a la política, en su cara, de estos hechos". Sobre el día del hurto en el hipermercado, las fuentes policiales consultadas por ABC "tiran por tierra la versión exculpatoria que ofreció ayer Cifuentes al respecto («fue un error involuntario») y hablan, directamente, de que «la pillaron con las manos en la masa»"

Por su parte, Esteban Urreiztieta en 'El Mundo' admite que "el suceso del Eroski fue comunicado por los responsables del supermercado a los jefes de seguridad de la Asamblea de Madrid y éstos hicieron lo propio con los altos cargos del PP de la capital. Se consensuó borrar todas las pruebas, incluida un acta policial que se volatilizó, eliminar -casi- todas las cintas y correr un tupido velo". Cuando 'El Español' publicó hace dos años que una agencia de detectives había puesto en marcha una operación para documentar este episodio, Cifuentes se desató en privado "con gran virulencia". El fantasma de aquel día de 2011 había vuelto a su vida y ayer terminó por engullirla.