Así es el Impuesto sobre el Patrimonio que el PSOE llegó a suprimir y por el que ahora 'se pega' con Madrid

Los impuestos vuelven a estar a la orden del día en lo que a la actualidad del Gobierno se refiere. El 'sí' de ERC a los Presupuestos Generales del Estado tiene mucho que ver con estos, aunque hay uno en concreto que se lleva la palma: el Impuesto sobre el Patrimonio, que ahora será el protagonista de una comisión bilateral para su armonización fiscal en la que participarán el Ministerio de Hacienda y el Govern catalán.

Lo que se busca a la hora de que exista correspondencia entre las Comunidades Autónomas en cuanto a este impuesto es evitar el 'dumping fiscal' (competencia fiscal a la baja). Es decir, que regiones como Madrid dejen de tener el Impuesto sobre el Patrimonio al 0% y también pasen a cobrarlo.

Estas intenciones del Gobierno le han generado un nuevo conflicto con la Comunidad de Madrid. Según Cinco Días, su bonificación del 100% con respecto al Impuesto sobre el Patrimonio reducirá en un 40% la recaudación fiscal autonómica prevista por el Ejecutivo: de los 339 millones de euros planeados a 203. ¿Qué pasaría si, al contrario, Madrid empezase a aplicar este impuesto? Habría 900 millones más de ingresos fiscales, para un total de 2.200 (de nuevo en base a los datos de Cinco Días).

En medio de toda esta polémica, merece la pena detenerse en la historia del IP y su funcionamiento. No es la primera vez en la que adquiere cierto calado en un Gobierno comandado por el PSOE. Tampoco resulta novedoso que sea puesto en entredicho.

Cuando Zapatero mató al Impuesto sobre el Patrimonio... para resucitarlo

El Impuesto sobre el Patrimonio existe en España desde 1977. Fue de carácter temporal hasta 1991, cuando pasó a ser permanente, y llegó a estar suprimido desde diciembre de 2008 hasta septiembre de 2011. Esta última decisión la tomó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero meses antes de unas elecciones generales.

¿Por qué se acabó con el IP en su momento? Por ser, en palabras del entonces presidente, “un tributo que recae sobre las clases medias” y “no sobre las más altas”, que “encuentran fáciles mecanismos de elusión”. También para generar “un estímulo para que en este país no se penalice el ahorro que representa el pago del impuesto” y, en definitiva, a efectos de “simplificación” e igualdad fiscal.

Sin embargo, aquella promesa electoral cumplida por Zapatero acabó esfumándose con motivo, precisamente, de otros comicios. En su momento, se señaló al entonces candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, como 'culpable' de la recuperación del IP para la causa: traerlo de vuelta podía ser visto como un buen gesto de izquierdas.

El impuesto, otra vez tildado de temporal, ya no fue retirado por el PP, que lo prorrogó en los Presupuestos Generales de la era Rajoy (a pesar de que debería haber desaparecido en 2013). Por tanto, el IP ha sobrevivido hasta nuestros días, en los que la postura socialista al respecto ya no es la que fue.

“Tuve el honor de formar parte del Gobierno que en 2008 decidió suprimir este impuesto anacrónico, al cumplirse los 30 años de haberse implantado de forma 'transitoria' para financiar el coste económico de la Transición. En 2011 cometimos el error de recuperarlo de forma 'transitoria' durante dos años. Y ahí sigue. Los responsables de la campaña del PSOE en las elecciones de ese año pensaban que su reimplantación tendría apoyo popular y sería una baza electoral. ¿Cuántas elecciones tienen que perder los socialistas españoles para que comprendan que muchos ciudadanos, sobre todo, de la clase media, consideran injusta esta figura impositiva?”, escribe el exministro Miguel Sebastián en su columna de El Español.

En este artículo, el en su día titular de Industria también expone que el IP “apenas recaudó 2.000 millones de euros” en 2007. “Pretender que ahora, en plena crisis, va a recaudar 11.000 millones es una ingenuidad, a no ser que se plantee una confiscación de una parte significativa de los ahorros de las familias españolas”, añade Sebastián.

¿Cómo funciona el IP en España?

Como es una competencia transferida a las Comunidades, la tributación del Impuesto sobre el Patrimonio es diferente en algunos lugares. Aquellos con tarifa distinta a la estatal (2,5%-3,75%) son Andalucía y Cantabria (0,24%-3,03%), Asturias (0,22%-3%), Baleares (0,28%-3,45%), Cataluña (0,21%-2,75%), Extremadura (0,3%-3,75%), Murcia (0,24%-3%) y Comunidad Valenciana (0,25%-3,12%).

Es obligatorio que presenten declaración los contribuyentes con patrimonio superior a 700.000 euros. Eso sí, también hay diferencias con el límite en algunas regiones: es el caso de Aragón (400.000), Cataluña y Extremadura (500.000) y la Comunidad Valenciana (600.000).

La conclusión es que tener un patrimonio de 800.000 euros, 4 millones o 15 supone pagar impuestos totalmente distintos en función de la Comunidad Autónoma en la que se tribute. Y, directamente, no tener que pagar nada en relación al IP en Madrid.

Algo que puede cambiar ahora debido a las demandas de ERC, a pesar de que la supervivencia del Impuesto sobre el Patrimonio en España resulta todo un rara avis en Europa. Atención a la lista de los países en los que no existe o fue abolido: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia y Francia.

Por el contrario, Liechtenstein, Noruega y Suiza están entre las pocas naciones del Viejo Continente que, junto a España, mantienen el IP. Un impuesto que en nuestro país subirá un punto para patrimonios de más de 10 millones de euros (según el proyecto de Presupuestos para 2021) y al que no le sobran, precisamente, los adeptos.