Así será el juicio 'más importante de la democracia española'

Este martes empieza el juicio por el 'procés', una causa que Patricia Rosety, la Jefa de Tribunales de COPE, califica de "histórica" y que "puede que el más importante de la democracia española". Doce acusados pasarán por el banquillo de los acusados por presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

Los encargados de la causa son siete magistrados "de gran nivel jurídico", según Rosety. Y es que esta causa ha generado una expectación mediática similar a la del juicio por el 11-M, con 600 periodistas acreditados de 150 medios de comunicación, medio centenar extranjeros y la mayoría de ellos, europeos. 

Primer proceso que se podrá seguir en directo

Un juicio que podrá seguir cualquier ciudadano desde cualquier parte del mundo. Será retransmitido en directo a través de la web del Poder Judicial, algo que no se había hecho nunca. Y cualquiera podrá ser observador nacional o internacional. “Es un juicio público”, decía el Presidente Carlos Lesmes a los periodistas hace diez días. No es necesario que los observadores estén en la sala. Añadía Lesmes que “el observador es necesario cuando hay opacidad, y el sistema judicial español goza de todas las garantías”.

Los procesados han intentado aplazar el juicio con todos los recursos y escritos posibles a los que el Supremo ha respondido con todos los argumentos y todos los detalles. Veremos si deciden, finalmente, declarar en catalán, que no lo hicieron nunca en instrucción, o si lo hacen en castellano. Esa estrategia dilata más el juicio y se pierde frescura, espontaneidad y agilidad. Y también tiempo, aunque algunos lo ganen. Pero las estrategias son las estrategias, al igual que lo es si responden o no a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Lo que tienen claro las defensas de los acusados es que a quien no van a responder es a Vox. Nos quedan los seis procesados por desobediencia que serán juzgados en Cataluña. Y los siete fugados, con Puigdemont a la cabeza. Pero, de momento, están fuera del alcance de la Justicia española.

La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al acusar por sedición. Vox, acusación popular, pide condenas de 24 a 74 años. Las divergencias de criterio entre las acusaciones se asientan en un elemento clave sobre el que pivotará el juicio: la violencia.

Mientras que la Fiscalía y Vox sustentan en ella su acusación por rebelión, al considerar que hubo violencia y que fue permitida por los acusados, la Abogacía ve más bien una "actitud hostil" y las defensas presumen del carácter pacífico del "procés" y apuntan a que la única violencia que se produjo en las calles fue la policial.

Será la primera vez en la que los doce acusados coincidan en Sala en un juicio que estará envuelto por una gran expectación mediática, como demuestran los más de 600 periodistas acreditados; y también política, habida cuenta de que a la jornada de hoy acudirá el presidente de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de Justicia Esher Capella, y el de Territorio, Damià Calvet. Les acompañará el vicepresident Pere Aragonés, quien sin embargo no podrá acudir a la sala de vistas por tener la condición de testigo en el juicio. También está previsto que acudan dos diputados del Parlament y otros dos de la cámara vasca.

La vista arrancará con las cuestiones previas, que las defensas aprovecharán para reclamar por última vez toda la prueba que le fue denegada, y alegarán la vulneración de aquellos derechos fundamentales a los que el Tribunal de Estrasburgo pueda prestar mayor atención en el futuro. La competencia del juez Manuel Marchena, presidente del tribunal y ponente del auto de admisión de la causa, la petición de nulidad del juicio o el uso del catalán serán algunas de las cuestiones que estarán sobre la mesa.

Las defensas pedirán traducción simultánea y no consecutiva al considerar que ésta rompe la oratoria y genera indefensión, lo que implica que varios acusados puedan acabar optando por declarar en castellano. Hasta el momento se desconoce dónde se sentarán los acusados, dada la flexibilidad que les ha dado el tribunal para ubicarse detrás de las defensas. Está por ver si los de ERC y PdeCAT escenificarán o no una división al sentarse unos en el banquillo y otros al lado o detrás de sus abogados, quienes todavía no tienen claro por qué optarán.