Calvo avisa a la Generalitat: "Si no está con arreglo a ley, no podrá crear un fondo para avalar las fianzas"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que la Abogacía del Estado estudiará la decisión de la Generalitat de Cataluña de crear un fondo para avalar las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a ex altos cargos de dicho gobierno catalán, y "si no está con arreglo a ley, no podrá ocurrir".

Así, en Vélez-Málaga (Málaga), donde ha inaugurado el curso 'María Zambrano hoy', que forma parte de los Cursos de Verano de la UMA, Calvo ha incidido en que la Generalitat, al igual que el resto de gobiernos autonómicos, "sabe que todos tenemos que trabajar en los límites de la legalidad, eso no es optativo, es obligatorio".

"La Generalitat lo sabe y desde que Sánchez preside el Gobierno de España la Generalitat no ha traspasado ni una sola línea y ahora tampoco va a ocurrir", ha aseverado la vicepresidenta, quien ha reiterado que estudiarán "cuando esta situación se produzca y la Abogacía del Estado lo estudiará y si no está con arreglo a ley será recurrida".

Calvo entiende que esto "forma parte de la conversación pública pero en tres años hemos recurrido muchas cuestiones al Gobierno de Cataluña y de otras comunidades; forma parte del juego de colaboración de los poderes del Estado y de la legalidad que todos tenemos que cumplir".

Esta nueva brecha entre el Ejecutivo de la nación y el gobierno autonómica ha surgido cuando los servicios jurídicos de la administración catalana estudiaban desde hace días cómo auxiliar a los 34 ex altos cargos de la Generalitat a quienes el mencionado tribunal administrativo reclama que liquiden antes del 21 de julio fianzas por un valor total de 5,4 millones, mientras sigue la investigación que pretende discernir si malversaron dinero público para promover el procés en el extranjero.

La respuesta ha llegado este martes con la creación, mediante decreto ley, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), que tendrá una dotación inicial de 10 millones de euros.

El encargado de explicar cómo funcionará este mecanismo ha sido el consejero de Economía, Jaume Giró, que defendió durante el día de ayer la "solidez jurídica" del mismo y ha descartado que el ejecutivo catalán pueda incurrir en un delito de malversación porque "no es un aval directo" y no habrá "desplazamiento de patrimonio".