La Casa del Rey reafirma su respeto absoluto a la independencia del poder judicial

La Casa del Rey ha reafirmado su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial" tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de imponer a Iñaki Urdangarín una condena de cinco años y diez meses por el caso Nóos que no le evitará la prisión.

Un portavoz de la Casa se ha pronunciado así ante esta condena, que se ha hecho pública mientras Felipe VI presidía en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial la reunión bienal del Capítulo de la Orden de San Hermenegildo y recién empezada una sesión de trabajo del patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) que presidía la Reina Letizia en la sede madrileña de Iberdrola.

El Supremo ha rebajado en cinco meses la pena que impuso al marido de la infanta Cristina la Audiencia Provincial de Palma el 17 de febrero del pasado año porque le absuelve de falsedad en documento público cometido por funcionario, si bien mantiene para él la condena por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.

Desde que comenzó el reinado de Felipe VI, la Casa del Rey ha reaccionado siempre con una expresión de respeto a la independencia de los tribunales ante cada uno de los pasos del proceso judicial de Nóos que han afectado a Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.

La única vez que Zarzuela opinó sobre una decisión judicial relacionada con la infanta fue bajo el reinado de don Juan Carlos, en abril de 2013, para manifestar su "sorpresa" por "el cambio de posición" del juez Castro al haber decidido imputar a doña Cristina, así como para mostrar su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía de recurrir aquella medida.

La Casa del Rey nunca ha querido hacer ningún otro comentario en relación con este asunto, ni sobre si la hermana de don Felipe debería o no renunciar a sus derechos dinásticos, que le otorgan el sexto lugar en la línea de sucesión.

La renuncia a permanecer en la línea de sucesión al trono es una decisión personal de doña Cristina, por lo que no está en manos de Felipe VI.

Tanto la infanta como su marido fueron apartados por la Casa del Rey de toda actividad institucional a finales de 2011, días antes de que Urdangarin resultara imputado por el juez José Castro.

Posteriormente, dejaron de ser miembros de la Familia Real tras la abdicación de don Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI, el 19 de junio de 2014, cuando la infanta pasó de ser hija a hermana del jefe del Estado.

El 11 de junio de 2015, poco antes de que se cumpliera un año de su proclamación como Rey, Felipe VI revocó a su hermana el título de duquesa de Palma que le había concedido su padre, don Juan Carlos, en octubre de 1997, con motivo de su inminente matrimonio con Iñaki Urdangarin.

El abogado de la infanta, Miquel Roca, aseguró entonces que fue ella quien había manifestado con anterioridad su voluntad de renunciar al ducado de Palma en una carta fechada en Ginebra, si bien la Casa del Rey negó que fuera así y subrayó que la retirada del ducado había sido una decisión de don Felipe que él comunicó a su hermana antes de recibir la carta.

Doña Cristina, que trabaja en Ginebra para la Fundación "la Caixa" y que precisamente mañana cumple 53 años, no estuvo presente ni en la ceremonia de proclamación de su hermano en el Congreso, ni en la de abdicación de su padre celebrada la víspera en el Palacio Real, a diferencia de su hermana mayor, la infanta Elena, que asistió a ambas.

En su ya histórico discurso de proclamación, pronunciado ante una solemne sesión conjunta del Congreso y el Senado, don Felipe subrayó que la Corona debe "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente".

"Hoy más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren -y la ejemplaridad presida- nuestra vida pública", señaló Felipe VI en aquel discurso, antes de continuar: "Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos".