La coalición Sánchez-Iglesias aumenta en 2,3 millones el gasto tras nombrar a 24 directores generales

Pedro Sánchez ha decidido aumentar la factura pública de su Ejecutivo en más de 2,1 millones de euros más Seguridad Social debido al nombramiento de 24 directores generales elegidos tras la llegada de la nueva administración, que nace del pacto de Gobierno entre el líder socialista y Pablo Iglesias. El estudio ha sido publicado por ABC y subraya estos nuevos nombramientos que estaban fueran de la administración pública.

Una de las principales polémicas que se ha producido con estos nombramientos es que han sido a 'dedo', ya que se tenían que haber producido a través de la élite de los funcionarios, los de carrera "del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales. Solo estos nombramientos estarían dentro de la normalidad si existieran "especiales características" que permitan está "selección excepcional".

Uno de los parámetros destacados que más llama la atención de estos nombramientos es la falta generalizada de experiencia en el sector privado. Algunos de los puntos que más destaca es que en el Ministerio de Transición Ecológica no aparece ningún punto respecto a María Jesús Martín, que será la responsable de Política Energética y Minas. Tampoco de Valvanera Ularqui, responsable de la Oficina de Cambio Climático, cuya única experiencia señalada es en un despacho de abogados entres 1998 y 1999.

Desde la perspectiva política, destaca ABC que la mitad de los seleccionados fueron llamados a partir del mes de enero para ocupar responsabilidades que se encuentran bajo la tutela de las carteras que controla Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. Destaca la conducta del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que no ha logrado encontrar funcionarios de su línea política para ocupar cuatro de las cinco direcciones generales de su departamento.

En este sentido, juega un papel clave el Real Decreto 139/2020 del 28 de enero que permitió recurrir por parte del Ejecutivo a la elección de estos 24 directores generales. Este Real Decreto fue impugnado ante el Tribunal Supremo por la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración, ya que a su juicio la labor que iba a ser encomendada bajo la tutela de Pablo Iglesias precisaba de "una experiencia y cualificación que no se corresponde" con su preparación y sus funciones dentro de la administración pública. En esta dirección es necesario, por parte del Ejecutivo, recurrir a la búsqueda de "personas que puedan resultar idóneas" más allá de los funcionarios públicos disponibles.

Algo parecido ocurre en la cartera de Igualdad, bajo el mandato de Irene Montero, que a falta de disponer de un funcionario adecuado para las exigencias de de Igualdad de Trato , Diversidad Étnico Racial ha nombrado a Rita G. Bosaho, auxiliar sanitario. Ella, junto a otros dos miembros: Sergio García, titular de la Dirección General de Derechos de los Animales, y Luis Alberto Barriga, titular del Imserso, son los únicos tres que no constan como licenciados, doctores o equivalentes.

Por último otra de las carteras que es protagonista de estos nombramientos es la de Consumo, bajo el mando de Alberto Garzón, que ha habilitado a otro no funcionario de la administración pública para ser el encargado de la Ordenación del Juego, una de las direcciones mejor retribuidas. En este sentido, será Mikel Arana el responsable, cuya experiencia más larga son 7 años y medio en el departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del gobierno Vasco.

Desde CSIF, en declaraciones recogidas por ABC, Francisco Lama, secretario de Acción Sindical, reconoce que se está produciendo una situación de "abuso": "Se están cargando una figura súper técnica de la Administración. Los directores generales son el alma de la Adminsitración, y deben ser funcionarios de carrera porque es lo que garantiza la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones: su inamovilidad garantiza que ejerzan su tarea con imparcialidad y objetividad, independientemente del turno político, un cargo de libre designación, si no pasa por el aro, lo cesan".

Por último, desde la perspectiva económica, el portavoz adjunto del Grupo Popular y coordinador de asuntos económicos, Mario Garcés, ha explicado que se está produciendo una subida muy importante del coste público de la administración muy difícil de mantener en un futuro económico tan pesimista debido al impacto de la crisis del coronavirus en nuestro país: "Si una Dirección General es ocupada por un funcionario, él ya está en la Administración y sus retribuciones pasarán de unos 65.000-70.000 euros anuales, que ya estaban siendo atendidos, a unos 85.000, pero si el titular viene de fuera, ese coste de 85.000 euros será íntegramente nuevo, no se descontará de la factura funcionarial, y además hay que sumarle la seguridad social, otros 24.000 euros más".