Consuelo Ordóñez, sobre la imputación de Antza: "La lentitud de la Audiencia Nacional es desesperante"
Consuelo Ordóñez, hermana del político del PP y presidenta de COVITE, ha denunciado en COPE la lentitud de la Justicia a la hora de investigar los crímenes relacionados con ETA
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Siete años. Ese es el tiempo que ha tardado la Audiencia Nacional en citar como imputado al histórico dirigente de ETA Mikel Albisu Iriarte, alias Mikel Antza, por su “presunta responsabilidad en la toma de decisión de asesinar a don Gregorio Ordóñez Fenollar” el 23 de enero de 1995, según reza el auto del magistrado Alejandro Abascal.
La causa arrancó en noviembre de 2015 cuando el juez Pedraz admitió a trámite la denuncia que Consuelo Ordóñez, hermana del político del Partido Popular, impuso en la Audiencia Nacional el 10 de enero de ese mismo año contra Antza y otros cuatro etarras que formaban parte del llamado ‘comité ejecutivo’ de la banda criminal cuando se cometió el atentado. En dicha acusación se esgrime como principal argumento un informe de la Guardia Civil que, según el magistrado, aporta “fiables y verosímiles indicios de la participación de los imputados en la decisión de matar a Gregorio Ordóñez”.
“Se va a negar a declarar, claro. La importancia de su comparecencia reside en que es un trámite procesal fundamental para seguir adelante con el caso. Pero, sobre los otros tres imputados que siguen en la cárcel, ¿qué problema hay? ¿Por qué no se les ha citado todavía desde 2015?”. Indignada. Así es como se ha mostrado en conversación con COPE Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).
También ha lamentado que “las víctimas siempre nos hemos sentido muy desamparadas”, y ha expresado con sorpresa que “es tremendamente desesperante la lentitud de la Audiencia Nacional”.
“Están jugando con el 'no hacer nada' para que caiga en el olvido”
La pertenencia de Mikel Antza al aparato político de ETA le vincularía directamente con la ‘línea estratégica’ que debían seguir los comandos de la banda terrorista. Esto quiere decir, por ejemplo, que los comandos etarras tenían vía libre de actuación cuando los objetivos de los atentados eran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicos o personal militar. Por el contrario, sí debían consensuar con ese aparato aquellos objetivos que fueran políticos, como fue el caso de Gregorio Ordóñez.
Sobre esta línea en la actuación de ETA, Consuelo Ordóñez ha declarado que “en España parece que es legal dar órdenes para asesinar a cientos de personas”, por lo que “no tienes ninguna responsabilidad penal, no te persigue la Justicia española”, ha apuntado. “Son cuestiones que me desesperan y por eso llevamos tantos años peleando muchísimo. Para investigar la orden de un asesinato: ¿Hay que encontrar un papelito en el que ponga “hay que matar a Gregorio Ordóñez”? Hay cosas que no se entienden cuando está perfectamente acreditado cómo actuaba ETA”, ha expuesto.
El que fuera máximo dirigente del aparato político de ETA cumplió una condena de 20 años en Francia. Quedó en libertad en 2019 al no tener causas judiciales pendientes en España. Ahora, el auto señala sobre Antza que formó parte de la cúpula etarra “entre mediados de 1994, cuando se responsabiliza del aparato político, y el 3 de octubre de 2004, fecha de su detención” y, por tanto, cuando se decidió “actuar contra Gregorio Ordóñez”.
“Tenemos que acatar el Estado de derecho aunque no se entienda”
La presidenta de COVITE se ha preguntado por qué “cerca de la mitad de las víctimas del terrorismo etarra siguen sin tener justicia en España”, a lo que ha añadido que como jurista está “acostumbrada a leer sumarios” en los que “te encuentras cuestiones que te hielan la sangre, que son auténticas prevaricaciones y errores gravísimos”. “Lo más grave es esa desidia de la maquinaria de quienes tienen que perseguir y aplicar la Ley”, ha sentenciado.
Sobre el final de ETA, la hermana de Gregorio Ordóñez ha sido tajante: “Estamos viendo un final de ETA negociado”. Del mismo modo, ha recordado que “ETA está en las instituciones porque Zapatero y Rajoy la han puesto ahí como pago para que dejaran de matar”. “Si todo un Gobierno y la Audiencia Nacional dan por buena la autodisolución de la peor banda terrorista que ha actuado en España, imaginaos en qué plan estamos”, ha confesado.
Ordóñez, durante su conversación con COPE, también ha querido pedir justicia, y ha subrayado que las consecuencias de esa desidia la están pagando las víctimas “con más impunidad para los terroristas”.