Covite critica que la fiscal general del Estado dé a ETA por "desaparecida"

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha solicitado explicaciones a la fiscal general del Estado, María José Segarra, por dar por "desaparecida" a ETA en su memoria anual, a pesar de que aún hay "más de una treintena de miembros" de la organización terrorista huidos.

Ordóñez ha remitido una carta a Segarra, tras conocer que en la memoria anual de la Fiscalía General se sostiene que ETA ha desaparecido tras declarar su disolución en mayo de 2018.

La presidenta de Covite pide a la fiscal que aclare si "ha habido un cambio en la doctrina oficial de la Fiscalía, que siempre se ha mostrado absolutamente escéptica sobre los movimientos de la organización terrorista ETA".

A su juicio, dar por desaparecida a ETA significa "validar el acto de disolución protagonizado exclusivamente por la banda terrorista y su entorno social y político", mientras que aún hay una treintena de miembros de la organización "prófugos de la justicia".

"¿Puede el Estado dar por 'desaparecida' a ETA sin la detención de todos los miembros de ETA huidos?", se pregunta Ordóñez, quien añade que para Covite, la única prueba de la "verdadera desaparición" de ETA sería "la detención de todos sus integrantes".

"Un Estado de Derecho no puede legitimar la disolución de ETA que organizó, protagonizó y orquestó la propia ETA", ha censurado la presidenta del colectivo de víctimas.

Además, la memoria de la Fiscalía no da por cerrada la posibilidad de "un rebrote del terrorismo independentista vasco por parte de los sectores disidentes de ETA. "Si la Fiscalía reconoce la existencia de organizaciones disidentes de ETA ¿Se puede dar por 'desaparecida' a la banda terrorista?", se ha preguntado.

Ordóñez ha recordado que ETA llevó a cabo un supuesto proceso de desarme, sin que se aclarase qué armas entregaron y cuáles "pudo haberse quedado" la organización terrorista", mientras que algunas de ellas fueron destruidas por los llamados "mediadores", que "pudieron haber cometido un delito gravísimo de eliminación y alteración de pruebas esenciales para la investigación de más de 350 asesinatos de ETA sin resolver".