Covite tacha de "inaceptables e indignas" las declaraciones de Barrionuevo

El colectivo de víctimas del terrorismo Covite ha tachado este lunes de "inaceptables e indignas" las declaraciones del exministro del Interior, José Barrionuevo, sobre la actividad de los GAL y su papel en secuestros en Francia.

En una entrevista publicada ayer en El País, Barrionuevo afirma, en relación con la lucha antiterrorista durante su etapa en el Ministerio: "No podía actuar contra los que disparaban desde mi trinchera, aunque fallaran. La propia ETA decía que era una guerra".

También admite que se pararon los ataques contra ETA en Francia a demanda del gobierno galo.

Covite ha indicado, en un mensaje en Twitter, que los GAL "nunca debieron existir, fueron un error y un horror", por lo que resulta "lamentable" que alguien defienda su actuación.

"Quien defiende un terrorismo está deslegitimado para condenar otros terrorismos", ha añadido Covite.

En otro mensaje, la presidenta de esta agrupación de víctimas del terrorismo, Consuelo Ordóñez, califica de "repugnantes" las declaraciones de Barrionuevo.

"Demuestran quién sigues siendo y nos recuerdas esas cloacas del Estado que jamás debieron existir y la catadura moral de algunos de nuestros gobernantes", afirma Ordóñez, quien expresa su apoyo a las víctimas de los GAL y su deseo de "luchar codo con codo por su reparación".

Por otra parte, el Foro Social Permanente, un colectivo que impulsa un "proceso de paz" en el País Vasco, ha anunciado que enviará una carta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar que el ejecutivo español "reconozca lo que es una verdad social incontestable: que el Estado español perpetró graves conculcaciones de Derechos Humanos en el marco del ciclo de violencias sufridas en este país".

El Foro Social ha considerado positivas las numerosas reacciones de rechazo suscitadas por las palabras de Barrionuevo, al contrario de lo ocurrido en ocasiones similares anteriores, lo que le lleva a entender que se están creando las "condiciones" para que el Gobierno dé el paso de reconocer "el daño causado" por el terrorismo de Estado.