La GC cree que la sobrina de la tía Isabel y Luis Lorenzo "planearon" su expolio antes de acabar con su vida
Es una de las afirmaciones que contiene el último informe al que ha tenido acceso COPE
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La Guardia Civil cree que tanto el actor Luis Lorenzo como su pareja Aránzazu tenían “un plan premeditado dirigido al expolio del patrimonio de María Isabel, que sólo podía verse consumado en su totalidad si la mujer fallece, más aún tras frustrase el otorgamiento del poder general (poder de ruina) por parte de la finada, intentado en dos notarios diferentes". Es una de las afirmaciones que contiene el último informe al que ha tenido acceso COPE, ampliatorio del atestado, aportado por los agentes del grupo de Homicidios de la comandancia de Madrid a la investigación por la muerte de esta anciana de 85 años durante su estancia, el año pasado, en casa de su sobrina Aránzazu, en Rivas-Vaciamadrid.
“El abandono intencionado y severo a la finada (malos tratos, desnutrición y ausencia de higiene) -continúa el texto- sirve como medio para doblegar su voluntad y para acelerar en el tiempo la consumación final”. En el extenso informe los agentes no abordan sin embargo esa “consumación final”, el método con el que se podría haber dado muerte a la mujer y el arma del crimen. Los análisis forenses apuntan hacia una intoxicación de etiología homicida y violenta mediante la ingesta masiva y aguda de cadmio y manganeso. Otras impresiones desde el Instituto Nacional de Toxicología ponen en cuestión que la mera presencia masiva de esos metales pesados en sangre pueda llevar al envenenamiento como hipóteis única. Debate científico al que se agarra la defensa y que se mantiene en este momento abierto.
Los agentes, sin embargo, aportan un extensísimo material testifical con casi medio centenar de testigos, en el que se incide en el maltrato y aislamiento que, presuntamente sufrió la mujer: “dicha doblegación de la voluntad pudiera estar provocada por la ingesta masiva de medicamentos. (…) Una vez vez el deterioro físico y cognitivo ha sido suficiente, los investigados pudieran haber aprovechado para realizar tantos documentos notariales y bancarios para controlar el patrimonio monetario de Isabel. (…) Tras esto, simplemente debían esperar al fallecimiento que, probablemente, se habría producido por el desgaste provocado por el supuesto abandono y maltrato intencionado”.
Los investigadores hablan claramente de “una planificación (…) desde agosto de 2020 (durante una anterior estancia de Isabel en casa de su sobrina en Madrid) hasta el 28 de junio de 2021 (día de su fallecimiento)”. Los agentes hablan de “un proceso continuado e intencionado cuya motivación principal es el lucro económico asumiendo el resultado de sus actos sobre la finada”, lo que indicaría la existencia de dolo en la actuación de los investigados.
Este sería el plan a entender de la Unidad Orgánica de Policia Judicial en Madrid. “No obstante ese plan inicial -continúa el informe- parece que se ve alterado por la presentacion de la patrulla de la Guardia Civil y los requerimientos del juzgado de Grado (Asturias) que requieren conocer la situación de Isabel dos días antes de su fallecimiento. Ante el riesgo de ser descubierto y de que Isabel escapase de su control, resulta lógico pensar que deseasen e intentasen acelerar la muerte y consumar el expolio al completo”.
Los investigadores llegan a afirmar que “en virtud al testamento no pueden incinerarla y deben trasladar el cuerpo al cementerio de Grado.” Antes hacen un detallado repaso por las gestiones de la pareja ahora investigada en sus visitas a hospitales, clínicas y notarías, entre otros establecimientos. Subraya el informe cómo algunos despachos con los fedetarios para el otorgamiento del testamento y del poder especial limitado, fueron realizados con la presencia de la sobrina y se aceptó la voluntad de la mujer: “Podría haber ejercido presión sobre la víctima”, advierten. Cuando sólo comparece la anciana se dictamina que “no disfrutaba, ni disponía de todas las capacidades y facultades necesarias para el otorgamiento de cualquier poder notarial”.
La Guardia Civil coteja lo declarado con el posicionamiento de los móviles
Lo declarado por los investigados ha sido cotejado con lo que recoge el posicionamiento de sus móviles. En ese trabajo han aparecido algunas contradicciones a juicio de los investigadores: Mientras la cuidadora de la mujer el dia de su fallecimiento afirma que Luis Lorenzo y Arantza llegaron a casa, tras ser avisados, después de la hora de comer, “los teléfonos móviles de los investigados llegan bajo la influencia de Chamartín (estación del tren en Madrid) a las 11:29 horas” de ese 28 de junio de 2021. “Posteriormente inician ruta hacia Rivas Vaciamadrid, estando bajo repetidores de esa localidad a las 11:50 horas”.
Otra de las contradicciones se produciría al afirmar la cuidadora que se llevaron el cuerpo de casa a las 19:00 horas, esatdno presente Aranzazu. A esa hora, entre las 17:10 y las 22:48 horas el estudio de los repetidores ubican el teléfono de Aranzazu y el de Luis en el municipio de Madrid.
Once folios dedica el informe al “estudio económico patrimonial” de Isabel y sus anfitriones en Madrid. Queda constancia de que además de la cuenta con 60.884 euros a nombre de la finada, disponía de otra con 72.100 euros en una sucursal de Grado. Hasta allí se llegaron a desplazar Aranzazu y su pareja para intentar acceder a la misma con uno de los poderes firmados ante notario. Afirman los investigadores que, ante la negativa de la entidad, intentaron aumentar la coacción haciéndose pasar por abogado Luis. Y es que, afirma el informe en sus conclusiones, no se pude descartar que Luis Lorenzo utilizara sus dotes interpretativas” para la obtención de determinados objetivos dentro de este plan. Advierten también esa posibilidad a la hora de “construir un supuesto historial médico de la finada”.