Las críticas de periodistas y juristas al plan del Gobierno para vigilar a los medios que se aleja de Europa

El Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo que dice velar contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, pero que otorga la coordinación a los colaboradores más estrechos del presidente del Gobierno. En la cúspide están Iván Redondo, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y director del gabinete de Sánchez, y Miguel Ángel Oliver, que dirige la Secretaría de Estado de Comunicación.

Actuar contra la desinformación y "la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos" que "persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios" sería el objetivo de esta disposición, según el texto publicado el jueves en el BOE.

La disposición se fundamenta en que el acceso a la información veraz es uno de los pilares que sustenta a las sociedades democráticas y en que "la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales". Para velar por ello, el Ejecutivo ha creado este mecanismo de vigilancia que ha levantado las críticas del PP y de Vox por entender que la Moncloa busca, con este procedimiento, el control de los medios o la censura.

CRÍTICAS AL PLAN DEL GOBIERNO

A pesar de que la Moncloa ha subrayado en un comunicado que su plan contra la desinformación "en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones", las asociaciones de periodistas alertan de que "el plan del Gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura", como subraya la Asociación de la Prensa de Madrid, que añade que la libertad de expresión y el derecho a la información pueden "quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos". En este sentido también se pronuncia la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que "insta al Gobierno a aclarar las funciones y cometidos del Comité Gubernamental para luchar contra la desinformación".

Diversos juristas también han criticado este mecanismo en redes sociales por cuanto que entre los objetivos incluye examinar el pluralismo de los medios mediante cuatro niveles de actuación. Entre ellos está el abogado José María de Pablo, uno de los juristas con más difusión en Twitter, que ha calificado de "muy peligroso" el plan del Gobierno. Sus críticas se añaden a las vertidas contra la iniciativa planteada por Unidas Podemos para que el Gobierno tome medidas contra los "mensajes de odio" en redes sociales, facilitando así su control y eliminación. "Son los jueces -y sólo los jueces- quienes deben discernir cuándo hay, y cuándo no, mensaje de odio, a la luz del Código Penal y de la doctrina de TS, TC y TEDH. Que lo haga el Gobierno es un tipo de censura incompatible con el Estado de Derecho", ha subrayado.

En este sentido también se ha pronunciado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que considera que la proposición no de ley que presentó Unidas Podemos en la Comisión de Interior del Congreso, logrando que fuera aprobada, "podría ser inconstitucional en la medida en que supone un límite desproporcionado a la libertad de expresión al abrir la puerta a la censura, sin las garantías necesarias, de los contenidos de Internet".

EUROPA OPTA POR MECANISMOS INDEPENDIENTES

Para elaborar el proyecto contra la desinformación, el Ejecutivo ha tomado como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación del Consejo Europeo de 2018, que reclama una acción coordinada de los Estados miembros para atajar la desinformación.

Lo cierto es que algunos países de Europa han tomado decisiones similares a las planteadas por el Gobierno, pero las han ejecutado de forma diferente. Es el caso de Francia, por ejemplo, pues su organismo es independiente. Se trata del Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA), una autoridad de tutela que puede intervenir jurídicamente con mucha rapidez.

En Alemania, el Gobierno ha promocionado un vídeo sobre cómo detectar noticias falsas en solo tres pasos, pero deja que sea el receptor de las noticias el que decida sobre su credibilidad. En el otro lado está Reino Unido, que no cuenta con una legislación específica en este sentido.