Decenas de vecinos de Vall d'Uixó paralizan el derribo de la Cruz de los Caídos

El Ayuntamiento de La Vall d'Uixó (Castellón) ha iniciado la mañana de este martes la retirada de la Cruz de los Caídos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de España en 2007 y la Ley Valenciana de Memoria Democrática y para la Convivencia aprobada por la Generalitat Valenciana en 2017, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Sin embargo, unos 200 vecinos han logrado evitar su retirada tras concentrarse delante de la cruz y manifestarse en su defensa, lo que ha obligado a la empresa a frenar de momento el derribo.

Esta actuación -según han recalcado desde la corporación municipal- está avalada por los informes de los funcionarios municipales y por el Comité de Expertos para la Valoración de Retirada de Vestigios Relativos a la Guerra Civil y de la Dictadura en la Comunitat Valenciana, que se reunió con los seis partidos políticos con representación municipal, asociaciones culturales y técnicos antes de emitir su dictamen.

En esta legislatura el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó ha retirado la medalla de oro y la distinción de hijo adoptivo de la ciudad al general Franco, el nombre de calles con nombres franquistas y el escudo anticonstitucional de la fachada del Edificio de Correos de titularidad municipal, en cumplimiento de las Leyes anteriormente mencionadas.

Otras entidades como el Obispado también han retirado ya el escudo anticonstitucional de la fachada de la Capilla de la Mare de Déu dels Desemparats, y la Conselleria de Educación el del IES Botànic Cavanilles.

En fechas próximas se instalará el monumento a la música que sustituirá a la Cruz de los Caídos, en reconocimiento a una disciplina artística "arraigada" en la ciudad y un "elemento de unión" entre los valleros "que hasta ahora no tenían un reconocimiento público", concluye el consistorio.

Por su parte, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que presentará este martes una querella contra la alcaldesa de La Vall D'Uixó por "prevaricación e incitación al odio" por el derribo de la cruz.

Según ha explicado este colectivo en un comunicado, la decisión llega después de que el Ayuntamiento "haya desmantelado esta mañana el monumento sin esperar a que se resuelva el recurso que hay presentado ante el juzgado de lo Contencioso número 2 de Castellón".

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha asegurado que "no es la primera vez que esta alcaldesa ataca a los cristianos". Hace menos de un año, eliminó calles con nombres como La Sagrada Familia o Juan Pablo II".

Además, ha denunciado que "la Asociación presentó un recurso para frenar el derribo de la cruz y el Ayuntamiento "mintió" diciendo que no habían acordado la retirada del monumento "ya que no podía hacerlo de acuerdo a la propia ley de Memoria Histórica".

Castellanos ha criticado también la actuación del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Castellón, y ha apuntado que desde Abogados Cristianos estudian pedir responsabilidades al juez por posible "negligencia" después de que "éste rechazara hace apenas veinte días las medidas cautelares solicitadas para frenar el derribo de la Cruz al no apreciar motivos".

Una plataforma ciudadana, con la ayuda de la Asociación, presentó la semana pasada en el Ayuntamiento de La Vall D'Uixó más de 13.000 firmas para pedir el mantenimiento de la Cruz y para este martes estaba convocada una manifestación pacífica para protestar por la retirada del monumento, según ha señalado Abogados Cristianos.

Polonia Castellanos ha recordado que "el monumento no incumple la Ley de Memoria Histórica, ya que desde 1979 no contiene ningún simbolismo político". Ha subrayado que "el derribo o no de la Cruz no era un debate que estuviera en la calle", y ha recordado que desde el inicio de la democracia, con el Partido Comunista presidiendo el pleno municipal, se llegó al acuerdo unánime de mantener la Cruz y eliminar toda simbología.

Castellanos ha apuntado que es "muy triste", pero se está repitiendo lo sucedido en Callosa de Segura y "todo amparado por ciertos jueces parciales que deberían haberse inhibido".