El posible nombramiento de Delgado como Fiscal de Memoria Democrática revuelve a buena parte de la Fiscalía

Si nada lo impide este jueves se decidirá, polémica mediante, la designación de Dolores Delgado como Fiscal de Memoria Democrática. Según cuenta Ángela Martialay en El Mundo, la que fuera Fiscal General del Estado pide ahora asumir en esta 'macrofiscalía' materias del despacho de abogados de su pareja, el ex juez Baltasar Garzón.

Conflicto de intereses

La posibilidad más que real de que este jueves Delgado sea nombrada para el cargo por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha puesto en pie de guerra a un "amplio sector de la Fiscalía" que denuncia que "podría incurrir en un claro conflicto de intereses", según recoge Herrera en COPE.

La pelota de momento está en el tejado del Fiscal General del Estado, Álvaro García que tiene una relación muy cercana con Delgado. La mayoría del Consejo Fiscal le ha pedido que suspenda la reunión del próximo jueves porque considera que ese nombramiento no es urgente, según explica Herrera en COPE.

La última en sumarse a esa petición es Consuelo Madrigal, la que fuera Fiscal General del Estado, quien le ha recordado a Ortiz que cuando ella ocupó el cargo no se le ocurrió hacer ese tipo de nombramientos poco antes de unas elecciones generales.

García Ortiz descarta aplazar el nombramiento

En este sentido, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha descartado aplazar la reunión del Consejo Fiscal en la que se decidirá una plaza a la que aspira su antecesora en el cargo pese a que la mayoría de los vocales de ese órgano le han pedido suspender los nombramientos ante un inminente 23J.

Al anunciarse que los comicios se celebrarán el 23 de julio, García Ortiz decidió adelantar al 8 de junio la reunión del Consejo Fiscal para decidir quién ocupará las nuevas plazas de fiscal de Sala contra los delitos de odio y de fiscal de Sala de memoria democrática, puesto para el que Delgado es vista como favorita.

Los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) le han pedido formalmente suspender esos nombramientos a la espera de que se elija un nuevo Gobierno, y de que este, si así lo desea, designe a un nuevo fiscal general.

"Ética, transparencia y responsabilidad"

Según sostienen lo seis vocales de la AF en el escrito que le han dirigido, ningún fiscal general ha realizado nombramientos de plazas discrecionales una vez disuelto el Parlamento "por razones de ética, transparencia, responsabilidad y respeto institucional".

Pero García Ortiz rebate su argumentación y, en un comunicado dirigido a todos los miembros de la carrera, recuerda cinco nombramientos realizados tras la convocatoria de unas elecciones y la disolución de las Cortes, los últimos en marzo de 2019.

El Gobierno, señala, cesa tras la celebración de las elecciones y sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. El fiscal general, añade, cesa cuando lo haga el Gobierno que lo hubiera propuesto y, de forma efectiva, cuando lo disponga el Ejecutivo entrante.

"En consecuencia, no existen razones que justifiquen la suspensión del procedimiento de provisión de destinos vacantes en la carrera fiscal (...) ni de un pleno del Consejo Fiscal convocado con carácter ordinario conforme a la normativa propia de este órgano fiscal", afirma.

García Ortiz subraya que las leyes que regulan la provisión de destinos en ningún caso prevén su paralización a causa de elecciones generales y sostiene que la celebración de un pleno para proponer nombramientos discrecionales en este momento "no constituye una decisión novedosa, sino que mantiene el criterio histórico de nuestra institución".

La exministra de Justicia ejerce actualmente como fiscal jefe de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, pero García Ortiz amplió hace unos meses sus competencias en materia de derechos humanos por su amplia experiencia en este campo.